La confirmación de las lesiones surgió después de que allegados a Áñez dijeran que la expresidenta intentó quitarse la vida el sábado, en tanto que el Gobierno señaló que ella sufrió por mano propia lesiones que no revestían gravedad.
La representación en Bolivia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) constató que la expresidenta de facto Jeanine Áñez se autolesionó y permanecía recluida en una cárcel de La Paz, debilitada y con problemas emocionales, se informó este lunes, mientras el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, salió al cruce de los pedidos de libertad condicional al recordar que la exmandataria «quiso fugarse del país».
«ONU Bolivia tuvo acceso inmediato e irrestricto al centro (penitenciario), pudiendo entrevistar a la Sra. Áñez de manera confidencial. Se constataron lesiones autoinfligidas que requirieron asistencia médica», dijo el organismo internacional en un comunicado difundido por la red social por Twitter.
Allí, indicó que la exmandataria de facto «refirió sentirse físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente».
El documento fue emitido horas después de que una delegación del sistema de la ONU en el país, integrada por representantes de la Alto Comisionada para los Derechos Humanos (Acnudh) y ONU Mujeres, visitara a la exgobernante de facto.
La confirmación de las lesiones surgió después de que allegados a Áñez dijeran que intentó quitarse la vida el sábado, en tanto que el Gobierno señaló que ella sufrió por mano propia lesiones que no revestían gravedad.
Según el comunicado de la ONU, Áñez recibió atención médica oficial.
Áñez está en detención preventiva desde marzo, en espera de juicio como acusada del golpe de Estado de noviembre de 2019.
Por su parte, el presidente Luis Arce se refirió este lues a los pedidos de que la expresidenta de facto se defienda en libertad.
«Recordábamos hace poco el golpe de Estado del año 71, donde también hubo muertes, y 50 años después sigue habiendo impunidad para quienes estuvieron en ese golpe de Estado. El pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio», afirmó Arce durante un acto oficial, según informó la agencia de noticias ABI.
«La única manera de reparar y pacificar esto es con la aplicación de la justicia a la brevedad posible, remarcó.
Además, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, recordó este lunes que el tema recae en el Poder Judicial, pero que, en su momento, se consideró que la exmandataria de facto pretendía “fugarse del país”.
«No es un tema del órgano Ejecutivo, es un tema del órgano Judicial que tiene que determinar si esta persona se defiende en libertad o se defiende dentro de las celdas policiales», indicó Del Castillo, informó el medio local Página Siete.
«Sin embargo, hay que recordar que esta señora pretendía fugarse del país cuando tenía una orden de aprehensión. Tenía boletos comprados por vía aérea, por vía terrestre, y se encontraba escondida dentro de una cama; por tanto, existían los suficientes riesgos procesales que determinaban que esta señora podría fugarse del país. Esto lo ha analizado la Justicia oportunamente, por tanto, ha determinado que se defienda bajo detención preventiva», agregó.
Respecto a las denuncias por parte de parlamentarios de Comunidad Ciudadana de que no los dejan visitar a Áñez, Del Castillo reiteró que se trata de una determinación por el contexto de pandemia y que es producto de la solicitud del personal de salud.
«La han visitado los médicos correspondientes, la han visitado los familiares correspondientes, la ha visitado la representante de Naciones Unidas (ONU) a la señora Jeanine Añez, se han emitido los informes correspondientes. Sin embargo, por un tema de bioseguridad, no podemos abrir las cárceles para que entren todos los ciudadanos», aseguró el funcionario.
La ONU confirmó que a Áñez le permitieron que uno de sus hijos pernocte con ella.
Asimismo, indicó en el comunicado que las normas internacionales establecen que las autoridades penitenciarias «deben implementar estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio».
El texto consideró además «un buen paso» la decisión de las autoridades de efectuar una evaluación psiquiátrica de Áñez, advirtiendo que tal estudio debe ser hecho con consentimiento previo y por profesionales idóneos e independientes.
