El Ministerio de Relaciones Exteriores envió a su par uruguyo la solicitud de arresto del operador judicial de Mauricio Macri que libró la jueza María Servini, en la causa en la que se lo investiga por asociación ilícita y extorsión
La Cancillería argentina envió hoy el pedido de exhorto a su par de Uruguay para solicitar la detención y la extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien tiene una orden de captura internacional librada por la jueza María Servini, quien lo investiga al operador judicial de Mauricio Macri en una causa por extorsión y asociación ilícita.
El miércoles pasado la jueza Servini había decidido “declarar rebelde” a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional . Y fue por eso que envió un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida.También le había dirigido un oficio al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. En aquella ocasión también se resolvió librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”. En la tarde del miércoles, en Montevideo, Rodríguez Simón se había presentado ante el juzgado de turno, informó su residencia y confirmó que inició el trámite para ser considerado un asilado político.
Servini había fundamentado su pedido de detención con los siguientes argumentos: “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021.Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.
