Las medidas cautelares para el exministro de Seguridad de Santa Fe también alcanzan al exsecretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y al exencargado de Finanzas Maximiliano Nova. Se los investiga por intentar defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa por más de 17 millones de dólares
La Justicia dispuso este lunes un embargo por 100 mil dólares (12 millones de pesos al cambio oficial) y la prohibición de acercarse a testigos y denunciantes del proceso en el que se lo investiga al exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain, imputado por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas para la Policía provincial. También deberá informar si se ausenta de su domicilio, entre otras disposiciones. Las medidas cautelares impuestas por el juez Héctor Candioti alcanzan también al exsecretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y Maximiliano Novas, exencargado de Finanzas de ese ministerio.
La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, investiga a los tres exfuncionarios del gobierno provincial por intentar defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía santafesina por más de 17 millones de dólares.
Tampoco podrán ingresar a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Economía de la provincia ni a inmuebles de la policía santafesina. Las disposiciones fueron resueltas por el juez Héctor Gabriel Candioti, quien también señaló que “el haber probatorio reunido hasta el momento (por la Fiscalía) permite tener por acreditado la probable autoría de los imputados en los hechos investigados”.
El juez también hizo lugar a las calificaciones legales imputadas por la Fiscalía: negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.
En la argumentación desarrollada en la audiencia de medidas cautelares, el MPA sostuvo que hay elementos de convicción suficientes para acreditar que -al menos desde mayo de 2020- los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe.
Según se precisó en la audiencia, la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares.
Se expuso que el accionar delictivo tuvo como fin beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir.
Además, la Fiscalía hizo hincapié en el testimonio brindado por el exjefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, quien afirmó que en reiteradas oportunidades, en diversas reuniones realizadas en diferentes ámbitos, el exministro imputado ya había manifestado su preferencia por las armas comercializadas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
Otro investigado
La Fiscalía también se refirió a la situación procesal de un hombre de 49 años e iniciales MLC que, al momento de los hechos ilícitos, era jefe de la División Logística de la policía provincial.
El exmiembro de las fuerzas de seguridad es investigado en esta misma causa, por haber firmado documentos que él no confeccionó acerca de la necesidad de adquirir armas con determinados requisitos técnicos. Se le endilga la participación necesaria en la tentativa de defraudación a la administración pública y se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.
Entre otras medidas, dispuestas por el juez José Luis García Troiano, al imputado se le impuso una fianza de 100 mil dólares, no podrá acercarse ni tener contacto con testigos de los hechos investigados ni concurrir a las sedes del Ministerio de Seguridad, de la Jefatura de Policía y de la División Logística en la que trabajaba.
El jueves de la semana pasada, los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández habían pedido las siguientes medidas para Sain, Montenegro, Novas y un exjefe de la División Logística de la Policía: fijar domicilio; prohibición de salida del país, de acercamiento y comunicación con los denunciantes y testigos; prohibición de acercamiento al Ministerio de Seguridad y Economía; un embargo de 200 mil dólares a cada uno; inhabilitación general de bienes; prohibición de tener y portar armas.
