En el marco de las facultades que otorga la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación procedieron este jueves a la inactivación de tres puntos de venta de estupefacientes en Frontera, localidad del departamento Castellanos ubicada en el límite interprovincial con Córdoba.
El ministro Pablo Cococcioni encabezó los trabajos de maquinarias y operarios para el derribo y bloqueo de tres búnkers situados en los barrios Colegiales, San Roque y San Javier de la localidad de Frontera. Lo hizo acompañado por el fiscal Franco Carbone, del Equipo de Microtráfico del MPA, jefes policiales y funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad.
“Estamos en la ciudad de Frontera poniendo en marcha un nuevo capítulo de la Ley de Microtráfico. En este caso, luego de un trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y nuestra Policía de Investigaciones, se produjeron allanamientos, detenciones y hoy estamos haciendo las tres primeras inactivaciones de búnkers”, expresó el ministro Cococcioni.
“Se trata de un hecho histórico en la ciudad de Frontera al haber intervenido de la manera que lo hicimos”, reconoció el fiscal Carbone. “Desde el equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, conjuntamente con el fiscal Regional de Rafaela. Carlos Vottero, y la fiscal Fabiana Bertero, hemos avanzado sobre una investigación que permite la inactivación de estos tres centros de violencia en toda la localidad”, señaló a su turno el fiscal Carbone.
Demoliciones
La demolición del primer búnker intervenido en Frontera se llevó adelante en Calle 80 sin número, en una zona conocida como El Eucaliptal. El segundo derribo se realizó en un inmueble ubicado en calles 21 y 108, en donde la justicia también estableció que se comercializaba estupefacientes al menudeo. En tanto que el tercer domicilio desactivado se sitúa en la zona de calles 96 y 9.
“En dos casos se optó por el mecanismo de la demolición, mientras que en el otro se hizo un desmantelamiento selectivo. A lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe seguimos atacando los principales enclaves de venta de drogas, que producen violencia, asesinatos, abusos de armas de fuego, para que en definitiva podemos mejorarle la calidad de vida de la gente”, enfatizó Cococcioni.
Inactivación y derribos de búnkers
Con estas tres primeras intervenciones en el departamento Castellanos, la cifra de puestos de venta de estupefacientes inactivados y demolidos asciende a 42 en toda la provincia. Estos operativos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
La inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
Asimismo, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
El ministro Cococcioni y el fiscal Carbone estuvieron acompañados por el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado; el segundo jefe provincial Daniel Filchel; el secretario de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso; la subdirectora de la Policía de Investigaciones, Eva Cainelli; el subsecretario de Seguridad Pública, Roque de Lima; el subsecretario de Análisis, Sebastián Montenotte; el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruana; el coordinador territorial del departamento Castellanos, Eduardo Cosentino; el jefe policial de la Unidad Regional V del departamento Castellanos, Carlos Pagano; y el director de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Mauro Bertorino.
