Mediante un decreto, el gobernador instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder para que investigue “si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio” y ”determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas”
Luego de los procedimientos en el Ministerio de Seguridad y la renuncia masiva de funcionarios, el gobernador Omar Perotti ordenó una auditoría interna. Mediante el decreto Nº 2.651, el mandatario santafesino instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder a que lleve adelante la investigación.
Entre los considerandos del decreto, el Ejecutivo provincial sostiene que “habiéndose efectivizado medidas judiciales en el ámbito del Ministerio de Seguridad dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación destinadas a recabar una serie de pruebas que hacen a investigaciones judiciales; es deber de este Poder Ejecutivo, instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar sí, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento”.
Cabe recordar que las investigaciones judiciales en curso son dos, por un lado el posible espionaje ilegal que se podría haber llevado a cabo por funcionarios del Ministerio provincial cuando era comandado por Marcelo Sain. Por el otro, la Justicia puso el ojo sobre una licitación de compra de armas.
Perotti instruyó al fiscal de Estado para que realice una auditoría en el Ministerio de Seguridad by Rosario3 on Scribd
“A los efectos de dilucidar si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y, en su caso, determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas que correspondieren, es oportuno instruir al fiscal de Estado, para que inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos que legalmente correspondan».
El trabajo se llevará adelante por intermedio de la dirección de Auditoría y Sumarios dependiente de la fiscalía. Además, el decreto establece que si existieran irregularidades, será el propio fiscal de Estado el encargado de establecer «las responsabilidades administrativas que correspondieren»
