Cuando el jueves pasado terminó la sesión que expulsó al senador Edgardo Kueider, la vicepresidenta Victoria Villarruel solicitó que se trate el congelamiento de las dietas de los senadores, que se actualizarán automáticamente el 1° de enero.
“Yo no soy senadora, solo facilito las condiciones para el tratamiento y la discusión de este tema, pero no soy la que toma las decisiones. Entendiendo el esfuerzo inmenso que está haciendo la población, desde lo económico, creo que debemos estar a la altura y por eso deben estar congeladas las dietas de los senadores”, dijo ante los periodistas en el Salón de las Provincias.
En realidad, la vicepresidenta hizo referencia a la resolución que aprobó el Cuerpo el pasado 22 de agosto, en una sesión que se dio después que TN difundiera los aumentos que se esperaban para los senadores nacionales tras el acuerdo paritario con los gremios legislativos, APL, Asociación del Personal Legislativo; ATE y UPCN. Los senadores, en una polémica votación anterior, en abril de 2024, establecieron que sus dietas estén enganchadas a los aumentos de los trabajadores del Congreso. Eso llevaba sus ingresos a los ocho millones de pesos por senador.
Ante las fuertes críticas, encabezadas por el propio presidente Javier Milei, los senadores votaron un desenganche y retrotrajeron cualquier aumento de haberes. Pero a la resolución que aprobaron en agosto, le pusieron como fecha de caducidad el próximo 31 de diciembre.
Es decir que, a partir de 2025, los senadores, con la excepción de Edgardo Kueider que fue expulsado del plantel, volverán a la vigencia de la resolución que aprobaron en abril pasado, a mano alzada y sin discusión.
Sin diferencias políticas, establecieron y concatenaron sus dietas a los ingresos de las máximas categorías de los empleados legislativos. La conformación de estas se establecerá a partir de la cantidad de módulos, y un adicional. Quedarán conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos para gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo (esto solo lo cobran los senadores que viven a más de 500 Km del Congreso). Además, le agregaron la dieta número 13 que compensaría el ingreso como aguinaldo o sueldo anual complementario.
El ingreso actual de un senador sumando la dieta y los gastos de representación supera los siete millones de pesos. En algunos casos se incrementa por el pago por desarraigo, principalmente en aquellos legisladores del interior del país.
Si regresa con su total vigencia la resolución de abril, las dietas parlamentarias en la Cámara alta alcanzarían los 9,5 millones de pesos. Generando el descontento de la sociedad, de los empleados legislativos, que tuvieron un aumento del 6% en cuatro tramos, pero principalmente de los diputados nacionales que con motivo de los saludos de fin de año y tras la sesión preparatoria que reeligió a Martín Menem como presidente de la Cámara, ya le anticiparon al riojano la necesidad de actualizar las dietas.
En los próximos días podría haber alguna definición desde el punto de vista administrativo, porque el recinto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Aún no se convocaron las sesiones extraordinarias. Por lo tanto, los senadores no podrán votar una nueva resolución.
Victoria Villarruel podría firmar un decreto del Senado, a referéndum de la posterior sanción de la Cámara para cuando se reinicie la actividad, congelando las dietas y extendiendo la resolución que aprobaron el 22 de agosto, por la cual se mantiene el desenganche con los ingresos de los trabajadores. Para ello necesitaría un acompañamiento de los presidentes de los bloques. Sin solicitud de los legisladores,
El último aumento otorgado a los trabajadores del Congreso fue el pasado 13 de noviembre. Ese día se reunió la Comisión negociadora del valor del módulo y resolvió un incremento del 2% a partir del 1 de setiembre, 1% a partir del 1 de octubre, un 2% a partir del 1 de noviembre de 2024 y 1% a partir del 1 de diciembre. En total, el incremento alcanzó los seis puntos. A partir del 1 de enero se podrán discutir nuevas paritarias, pero ya estarán nuevamente enganchadas las dietas de los senadores con los haberes de los trabajadores.
Proyecto de UxP
En medio de esta polémica, que se dio a lo largo del 2024, el interbloque de Unión por la Patria (UxP), que encabeza José Mayans, presentó una iniciativa para terminar con la polémica referida a los ingresos de los diferentes poderes del Estado. Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial.
En su iniciativa que presentó en abril, Mayans y varios senadores de UxP que lo acompañan señalan que el objetivo es fijar un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades del Estado. Además, establecen un límite a la remuneración de las máximas autoridades. Se fijan las remuneraciones mensuales del presidente, del vicepresidente, de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los Senadores, de los Diputados, del Procurador General, del Defensor General, de los consejeros de la Magistratura, de Auditores Generales, del Defensor del Pueblo de la Nación y del personal del Servicio Exterior de la Nación, no pueden superar a los veinte Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.
Es decir, que, si se toma la última actualización del salario mínimo, a septiembre de 2024, cuyo monto es de 272 mil pesos, las remuneraciones para las máximas autoridades de los diferentes poderes del estado alcanzarían los 5.440.000 pesos mensuales.
En sus fundamentos, Mayans sostiene que, “se busca fijar un principio de coherencia y uniformidad en las remuneraciones percibidas por la totalidad de las autoridades superiores y funcionarios que conforman los tres poderes del Estado”. Agregando, “se establece que el debate respecto a la escala remunerativa y la posterior evolución deberá concretarse y llevarse a cabo en el ámbito del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, sin degradar los ingresos de agentes, trabajadores. Pretendemos así brindar parámetros claros a los fines de que las remuneraciones de quienes se encuentran ocupando lugares de decisión puedan ser objetivamente validadas, pero separando estas responsabilidades/retribuciones de las de trabajadores públicos”.
Esta iniciativa espera tratamiento en las comisiones de Legislación del Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Constitucionales.
Fuente. TN
