En sus declaraciones frente a Comodoro Py, Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se pronunció de forma categórica contra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Vialidad, la cual investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
En un tono enérgico, el piquetero aseguró que “no hay una sola prueba de corrupción contra Cristina” y calificó el proceso judicial de “causa trucha”, afirmando que la sentencia tiene como fin proscribir a la vicepresidenta de la arena política.
“Estamos frente a una mafia judicial que intenta condicionar a los dirigentes políticos y disciplinarlos a través de procesos judiciales infundados”, afirmó el dirigente social. Grabois cuestionó la lógica detrás de la decisión judicial, señalando que figuras claves del caso, como el exministro de Planificación Julio de Vido, fueron sobreseídas mientras que a Cristina Kirchner se la responsabiliza sin pruebas sólidas.
“¿Cómo puede ser que el responsable directo de Vialidad sea sobreseído y la condena recaiga en Cristina Kirchner? Es una muestra de la intencionalidad política de esta causa”, sentenció.
Apoyo a Cristina y denuncia de proscripción electoral
En sus declaraciones, Grabois expresó su respaldo a Cristina Kirchner y alertó sobre las implicancias políticas del fallo judicial, afirmando que existe un interés en “proscribirla”. Para el dirigente, Cristina representa una figura clave en el “campo popular”, y la intención de ciertos sectores judiciales es neutralizar su influencia política a través de una causa que, asegura, está “totalmente armada”.
El excandidato de Unión por la Patria denunció que “esta no es una causa real, sino un mecanismo de persecución que apunta a limitar las opciones electorales de Cristina”.
Además, señaló que este tipo de acciones judiciales socavan la confianza pública en el sistema judicial y exacerban la polarización política. “Esto no es un acto de justicia, es un acto de manipulación judicial y la gente lo sabe. Buscan proscribirla electoralmente porque es una líder popular”, enfatizó.
La causa Vialidad, en la cual se investigan contratos de obras públicas adjudicados en Santa Cruz, se ha convertido en un símbolo de la pugna entre sectores del kirchnerismo y el sistema judicial. La acusación plantea que las empresas beneficiadas habrían recibido pagos inflados, generando un perjuicio económico. Desde el entorno de Cristina Kirchner, así como de varias figuras políticas afines, se sostiene que el caso responde a una estrategia de “lawfare” o guerra judicial, un término utilizado para describir el uso de causas judiciales con fines políticos.
Cristina Kirchner ha defendido su inocencia en reiteradas ocasiones, aduciendo que no existe evidencia sólida que pruebe actos de corrupción durante su gestión y denunciando una persecución política orquestada por sectores judiciales que buscan neutralizar su influencia política. En un discurso en el Senado, la vicepresidenta criticó la independencia del Poder Judicial y sugirió que existe una “connivencia” entre jueces y sectores opositores, cuyo objetivo es evitar su participación en la vida política activa.
