La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 21 de octubre de 2026 el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones.
La iniciativa propone cambios en los procedimientos de desalojo, el pago de indemnizaciones por expropiaciones y la regularización de viviendas. Además, incorpora disposiciones sobre los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sin embargo, el proyecto todavía no es ley. Como Diputados introdujo modificaciones al texto que había aprobado el Senado, la iniciativa deberá regresar a esa Cámara para continuar su tratamiento legislativo.
Qué cambiaría en los desalojos de viviendas y terrenos
Uno de los principales puntos de la reforma está relacionado con los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales.
Según el texto aprobado en Diputados, las demandas de desalojo se tramitarían mediante juicios sumarísimos, un procedimiento judicial abreviado que busca reducir los tiempos del proceso. También se contempla la posibilidad de que un juez ordene la entrega anticipada del inmueble cuando se cumplan determinadas condiciones y se presente una caución.
En los casos de alquileres de vivienda con deudas impagas, el propietario debería intimar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda antes de iniciar la demanda.
Este plazo ya está contemplado en el Código Civil y Comercial vigente. Por lo tanto, la falta de pago no implica un desalojo automático a los diez días.
El proyecto también establece medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad. Cuando haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos correspondientes.
Además, podrá disponer un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria. Esta medida no suspendería la continuidad del proceso judicial.
Por otra parte, la iniciativa prevé multas de hasta diez alquileres para los propietarios que consigan una desocupación inmediata mediante el ocultamiento de información relevante.
Cómo cambiarían las indemnizaciones por expropiaciones
La reforma también propone nuevas condiciones para las expropiaciones de bienes privados por parte del Estado.
El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá identificar un objetivo concreto y cumplir criterios de necesidad y proporcionalidad. De esta manera, busca precisar los fundamentos que justificarían la medida.
En cuanto a las indemnizaciones, el proyecto contempla la posibilidad de incluir el lucro cesante, es decir, las ganancias que el propietario dejó de percibir como consecuencia de la expropiación, siempre que pueda demostrar ese perjuicio.
Como regla general, ese concepto tendría un límite del 30% del daño emergente. No obstante, el tope podría ampliarse si se acredita un perjuicio superior, de acuerdo con las condiciones previstas en la iniciativa.
Otro de los cambios propuestos establece que la indemnización deberá pagarse íntegramente antes de transferir el dominio del bien.
Para actualizar los montos, el texto contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa vinculada a los plazos fijos tradicionales del Banco Nación desde el momento de la mora.
Qué cambiaría en la regularización de viviendas
El proyecto también introduce modificaciones en el régimen de regularización dominial previsto por la Ley 24.374, que permite acceder a la escrituración de determinados inmuebles bajo condiciones específicas.
Actualmente, la normativa establece requisitos de posesión vinculados a un período anterior al 1 de enero de 2009. La reforma propone exigir diez años de posesión continua y con causa lícita antes de solicitar el beneficio.
La iniciativa también contempla cambios en el funcionamiento de los registros inmobiliarios. Entre ellos, habilita el uso de documentos digitales y establece un plazo máximo de 30 días para su calificación registral.
Estas disposiciones forman parte de los cambios que el Congreso deberá terminar de analizar antes de que puedan entrar en vigencia.
Cuáles serían los límites para la compra de tierras rurales por extranjeros
Otro capítulo relevante de la iniciativa está relacionado con la propiedad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El texto aprobado en Diputados busca restablecer expresamente la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que establece límites a la titularidad extranjera.
Entre sus principales disposiciones, la normativa fija un máximo del 15% para la titularidad de tierras rurales por extranjeros, tanto a nivel nacional como en cada jurisdicción.
Además, establece un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o una superficie equivalente según la ubicación del terreno.
La Ley de Tierras Rurales había sido derogada mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. Sin embargo, esa derogación quedó frenada judicialmente. Con la modificación incorporada al proyecto, Diputados busca restablecer expresamente el régimen de restricciones.
Qué falta para que la reforma entre en vigencia
Tras la votación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá volver al Senado porque recibió modificaciones respecto de la versión aprobada previamente por esa Cámara.
Los senadores podrán aceptar los cambios introducidos por Diputados o insistir en el texto original, de acuerdo con las mayorías que establece el procedimiento legislativo.
Hasta que finalice el trámite parlamentario y se cumplan los pasos necesarios para su promulgación y entrada en vigencia, las modificaciones propuestas no se aplican como nuevas normas vigentes.
La definición del Senado será determinante para conocer el alcance final de la reforma y los cambios que podrían producirse en materia de desalojos, expropiaciones, regularización de viviendas y propiedad de tierras rurales.
