En un encuentro celebrado este viernes en Rosario, y en su primer documento público, la Mesa de Acción Política del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe señaló que es “inaceptable convalidar la alteración y uso arbitrario del reglamento que establece el proceso tanto para la elevación de los pliegos como las impugnaciones a los mismos”.
En ese sentido, el documento consigna que “el Ejecutivo envió a la Legislatura la terna para integrar la flamante Cámara de Ejecución Penal y dos de esos pliegos –los correspondientes a la fiscal de Rosario Valeria Haurigot y su par de Venado Tuerto Horacio Pueyrredón– fueron impugnados debido a que en el concurso de selección ambos habían sido reprobados por el tribunal evaluador”.
El escrito agrega: “Para conformar la terna de esa flamante institución, creada en enero pasado, el Ejecutivo –y esto es lo más preocupante– eligió a dos postulantes que inicialmente reprobaron el examen de idoneidad, es decir, no superaron las pautas de evaluación”.
En otro párrafo, la mesa política se pregunta si “con esta decisión no se quiebra la institucionalidad”. Y acto seguido ensayan una respuesta: “El gobernador, en forma antirreglamentaria, autoriza la revaluación de los postulantes Pueyrredón y Haurigot, en una clara maniobra que viola leyes provinciales básicas. De tal modo, cuando se envía a la Legislatura el pliego con los «elegidos» por el mandatario se altera no sólo el orden de mérito sino la igualdad ante la ley”.
El texto expone que el rechazo de los pliegos se justifica en “un claro apartamiento de las reglas del concurso” y en “graves fallas en el proceso de selección al incorporarse –con palmaria arbitrariedad y fundamentación aparente– a los postulantes”. Por ello, aducen que la caída
de ambos pliegos “favorece la transparencia, la vigencia del principio de igualdad entre los postulantes y el respeto del control de legalidad de los actos de gobierno”.
El justicialismo provincial le solicita al Ejecutivo “que se garanticen la transparencia, institucionalidad e idoneidad a la hora de realizar las mencionadas designaciones” y que siga “los procedimientos que se han cumplido a lo largo de los mandatos de todos los gobiernos que precedieron al actual, cualquiera fuera su signo político”.
La dirigencia peronista se pregunta si el gobernador “está en conocimiento de que estas propuestas están quebrando la institucionalidad. Porque este es un principio valorado por todos los santafesinos a lo largo de su historia”.
Preocupación por la reforma previsional
Asimismo, el comunicado del PJ remarcó: “En concordancia con el respeto a la institucionalidad, nos preocupa el impacto que tiene para con los trabajadores y trabajadoras en general la reforma previsional, y el impacto económico que la misma tendría en los trabajadores, tanto del sector público como del privado”.
En otro tramo del documento, se indica que “asimismo, y en concordancia con el respeto a la institucionalidad… preocupa el impacto que tiene para con los trabajadores y trabajadoras en general la reforma previsional, el impacto económico para con los trabajadores del sector público y privado”.
La dirigencia del PJ sostiene que “el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe no puede recaer sobre las espaldas de quienes trabajaron y aportaron durante décadas. Mucho menos si en esta coyuntura se sufre la injusticia del incumplimiento de la Nación respecto de la financiación del sistema previsional”.
Finalmente, se remarca que “no es posible pensar en una sociedad más justa e igualitaria, por ejemplo, elevando la edad de jubilación de las mujeres por encima de los 60 años. No se condice con una mirada democrática ajustar a los más vulnerables”.
El texto concluye así: “Con un afán constructivo y propositivo, instamos al Ejecutivo a seguir garantizando la institucionalidad de la provincia como valor trascendente, más allá de partidismos o cuestiones coyunturales”.
Fuente: CFIN
