Material secuestrado a fines de noviembre en el Ministerio de Seguridad, en un caso en el que no habría audiencia imputativa hasta febrero.
El juez a cargo del trámite de la causa por presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe aceptó este martes la constitución como querellante del presidente del directorio del multimedios La Capital, Gustavo Scaglione, quien aparece como blanco de los perfilamientos indebidos que investigan dos fiscales provinciales.
En este proceso judicial se investiga a exfuncionarios del ministerio de Seguridad de la provincia, entre ellos el ex ministro Marcelo Sain, por la recopilación ilegal de datos de miles de personas e instituciones no afectados por investigaciones penales. El tipo de ilícitos que se atribuye es haber armado carpetas con datos de fuentes cerradas y abiertas contra personas diversas del campo político, empresarial, gremial, del periodismo y del mundo judicial. Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez aún no realizaron la imputación.
Todo salió a la luz a partir de dos medidas de requisa del viernes 27 de noviembre de 2021 en las sedes en Santa Fe y Rosario de la cartera de seguridad donde, según los investigadores, se estaba destruyendo evidencia. En Rosario se incautaron seis celulares de funcionarios del elenco de Seguridad luego de que una decena de sus integrantes hubieran puesto a disposición sus renuncias.
La defensa de varios de los imputados se opusieron a que Scaglione se constituyera en el proceso como querellante. El argumento que esgrimieron fue que podría existir una investigación legal en relación al empresario que hubiera fundamentado la búsqueda de datos personales de parte de un fiscal. No obstante fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que con las evidencias acumuladas en el trámite se descarta que haya ocurrido tal cosa. En la audiencia los fiscales Hernández y Jiménez sostuvieron que cualquier tarea de inteligencia realizada fue hecha sin conocimiento ni autorización de autoridad judicial alguna. El abogado Juan Lewis rechazó la pretensión en nombre de los investigados Nadia Shujman, Pablo Alvarez, Diego Rodríguez, Debora Cotichini y Milagros Bernard. El juez Luis Octavio Silva indicó que cualquier actividad de investigación criminal o inteligencia realizada sin autorización de una autoridad judicial es ilegal y debe considerarse víctima cualquier persona que haya sido investigada bajo esa circunstancia.
«Se hizo el planteo judicial de constitución como querellante del señor Scaglione como consecuencia del caso conocido como espionaje ilegal, por haber sido informado de que estaba en el listado de personas investigadas ilegítimamente», dijo Viviana Cosetino, representante legal de Scaglione. «El defensor se opuso por considerar que no estaba acreditado su carácter de ofendido en ese delito y que no debía por lo tanto entrar al proceso. Cada parte expuso sus fundamentos hoy y el juez terminó resolviendo la admisión como querellante ya que la fiscalía había acreditado una apariencia de delito con Scaglione como presunta víctima», completó la abogada.
Hace cuatro meses en el trámite judicial se aceptó la presentación de la provincia como querellante. La decisión la adoptó el gobernador Omar Perotti. El 18 de febrero el pedido del fiscal de Estado, Rubén Weder, fue admitido y no hubo oposición ni de la Fiscalía ni de las defensas. A fines de marzo también fue aceptada la formalización como particulares afectados en el proceso la seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el abogado rosarino Jorge Bedouret. La Fiscalía manifestó su conformidad con los requerimientos mientras que las defensas se opusieron.
Fuente: La Capital
