El ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, expuso los desafíos que supone la actual coyuntura económica, con un marcado descenso del ritmo inflacionario pero, a la vez, con una retracción de los recursos coparticipables y sin una reactivación firme que permitan sostener el nivel de recaudación propio.
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Olivares abordó la cuestión en el contexto del reinicio de la discusión salarial en la paritaria del sector público, y la vinculó con la evolución de los parámetros inflacionarios y la disponibilidad de fondos del Estado santafesino, en función del desenvolvimiento de la política económica del gobierno nacional.
«El momento que atraviesa el país es con una inflación que vemos que ha ido descendiendo, que se ha estabilizado en el orden del 2% o el 1,5%, porque aunque no sube, también se advierte una resistencia a bajar. Y al mismo tiempo también vemos una resistencia en el crecimiento económico», planteó.
Expectativas
El ministro explicó que, en el segundo semestre recién iniciado, «las expectativas inflacionarias están más bajas que en los semestres anteriores, pero que, después de venir con una recuperación de la actividad económica heterogénea (con sectores que no aún no despegaban y algunos que sí lo estaban haciendo), los últimos indicadores estarían planteando un amesetamiento. Con lo cual el panorama es de un segundo semestre donde la macro nos pueda mostrar una inflación menor que el año pasado, y menor que el primer semestre, pero una actividad económica que todavía no tenga un despegue claro».
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En ese sentido, el funcionario advirtió el impacto de la caída de los recursos de coparticipación, vinculado precisamente a la evolución de la recaudación nacional. «El propio administrador del Arca reconoció que estamos ante niveles altos de evasión, o de alta informalidad, lo que muestra permisibilidad ante ese tema. Por otro lado, el Gobierno Nacional ha dispuesto modificaciones en los calendarios impositivos del año. Eso afectó a todas las provincias; pero en el caso de Santa Fe, por ejemplo, en el primer semestre ha tenido 150 mil millones menos de recaudación de coparticipación nacional. Con lo cual estamos hablando prácticamente de un monto equivalente a casi un medio aguinaldo».
«Eso ha impactado a todas las provincias respecto a lo que se preveía y es lo que tenemos en el primer semestre. Y en el segundo semestre, por lo que hemos visto en el tránsito de julio, la recaudación de Ganancias ya está un poco jugada por el saldo que ya declarado del 2024, y que son los anticipos del 2025. Y por otro lado, en la evolución del IVA, que es el impuesto que suele crecer en función de la actividad económica, también se nota que, si bien hay un crecimiento interanual, no tiene el vigor que debería tener para poder sostener los niveles operativos», agregó.
Distintos «equilibrios»
En este punto, Olivares formuló una digresión que consideró muy importante: «Las provincias no tenemos el mismo nivel de exigencia que el Estado nacional. El Estado nacional puede decir que tiene un equilibrio; discusiones contables aparte sobre cómo se computan los intereses para ese cálculo. Pero le alcanza, en su manera de entender el Estado, que con los recursos que obtiene cada mes le alcance para simplemente funcionar, porque automáticamente se ha desligado de la necesidad de que el Estado invierta».
Por otra parte, marcó que «los servicios que presta no son mayormente imprescindibles, ni de fuerte incidencia presupuestaria. Pero las provincias tienen la misión de garantizar la seguridad de las personas, la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y la salud pública, que hoy se ve sobredemandada por lo que está sucediendo con los financiadores de la salud. Y además, una misión de inversión pública».
«Entonces, tenemos que hacer todo ese cálculo para sostener el equilibrio fiscal. Hoy las provincias no estamos asumiendo una responsabilidad mayor, porque con los recursos que nos ingresan regularmente tenemos que sostener servicios mucho más pesados presupuestariamente, que no podemos dejar librado a los comprovincianos, al mismo tiempo no podemos abandonar la infraestructura y que se descapitalice. Vemos a diario lo que está aconteciendo con la infraestructura nacional; situaciones trágicas que veníamos anticipando. Y las provincias aún así nos mantenemos en equilibrio», añadió.
El ministro remarcó la necesidad de enfocar el problema trazando una clara línea diferencial en la manera en que se concibe y se asume la cosa pública: «No es solamente que con lo que recaudo, simplemente abro las puertas, pago los sueldos y esa es mi única responsabilidad, como hace el Gobierno nacional. Las provincias asumen otro tipo de responsabilidades, y es tener la mejor seguridad posible, que haya clases y que todos puedan tener la atención en salud necesaria. Desde ese lugar es desde donde también asumimos esa responsabilidad de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Porque en buena medida, cuando estamos hablando de estos servicios de la inversión pública, son quienes lo soportan».
Fuente: El Litoral
