La agroexportadora Vicentin, la misma que quiso expropiar Alberto Fernández y estuvo al borde de la quiebra, tiene nuevo dueño: la histórica cerealera santafesina Grassi.
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Así lo decidió el juez de Reconquista, Santa Fe, Fabián Lorenzini, quien entendió en el proceso preventivo de esta empresa que llegó a facturar USD 4.300 millones por año y a competir contra las multinacionales del sector, y comando como última instancia el cramdown.
El cramdown es un salvataje previo a la quiebra en el que terceros pueden ofertar para quedarse con la firma. Allí compitieron Grassi y el consorcio de Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC), la asociación de la rama rural del Grupo Pérez Companc con la multinacional de origen francés.
“Por presentado el informe de la Sindicatura, y verificados por Secretaría los horarios de presentación en el expediente concursal de los escritos de Grassi SA y MOA SA y LDC SA, respectivamente; téngase presente. En mérito a lo antedicho, hágase saber que el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo ha sido Grassi SA”, detalló el escrito firmado por Lorenzini, donde se aclara que los “legitimados procesales concursales” podrán impugnar el acuerdo dentro del plazo de cinco días.
Días atrás, Grassi comunicó que la empresa había alcanzado y superado ampliamente las mayorías exigidas por el cramdown, lo que, según su postura, la habilita legalmente para tomar el control de la firma en crisis. Recordaron su participación activa desde el inicio del default de Vicentin, hace más de cinco años, y su rol en la búsqueda de una solución que permitiera honrar las deudas y reparar el daño sufrido por productores y acreedores.
Minutos más tarde, Molinos Agro y LDC informaron que también superaron los requisitos de adhesión y remarcaron que sus apoyos eran de “acreedores legítimos”. Esta distinción surge porque ambos grupos impugnaron la validez de asociados de Grassi. La ley habla de quien llega primero, esto no fue una licitación ni una competencia. Era una carrera por las mayorías y ganamos. La sindicatura puso la lista de acreedores y los porcentajes a alcanzar. La gran mayoría nos apoyó”, destacó en diálogo con Infobae Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de la empresa homónima. La empresa dice que sumó el 85% del capital y el 65,5% de los acreedores a su propuesta.
“Las impugnaciones fueron hechas para disuadir que nos voten, pero no lo lograron. Deberían hacerlas después, además, pero no hay chances que no tengamos los números, se cuente como se cuente. Va a haber una resolución rápida y esperamos tener el control de la compañía pronto”, agregó.“Las impugnaciones de la otra parte me preocupan cero, ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad. Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va”, destacó el empresario.La propuesta que Grassi hizo en el cramdown contempla la conversión de todos los créditos verificados a dólares, al tipo de cambio de $60,78 vigente al inicio del concurso preventivo. Ofreció un menú de opciones de cobro adaptado a distintos perfiles de acreedores.Entre los productores y recibidores de granos, el esquema propuso entregas de soja a lo largo de diez años, con un sobreprecio de USD 10 por tonelada y hasta un 200% de recupero del crédito en dólares, apoyo mediante fideicomisos con recuperos entre 80% y 120%, y anticipos de efectivo inmediatos por hasta el 50% del monto reclamado.
La definición del futuro de Vicentin se inscribió en una trama de enorme complejidad, resultado de años de disputa judicial, crisis financiera e intereses cruzados entre actores relevantes del sector agroindustrial argentino. La puja por el control de la cerealera tuvo en vilo a productores, acreedores y empleados, tras un proceso de default que marcó un antes y un después en la historia de una de las principales agroexportadoras del país.
El concurso de acreedores iniciado sobre el cierre de 2019 dio inicio a uno de los procesos judiciales más extensos y controvertidos del ámbito económico local. Con pasivos superiores a los USD 1.400 millones y la caída abrupta de su actividad principal, Vicentin generó incertidumbre en los mercados y afectó la economía de pequeñas y medianas empresas ligadas a su red de operaciones. La situación derivó, durante la pandemia, en un fallido intento de expropiación promovido por el Gobierno de Alberto Fernández, que desencadenó protestas sociales y tensiones entre distintos niveles de la política.
El clima que rodeó luego la etapa del cramdown fue el reflejo de la tensión acumulada por años sin una solución definitiva. Los dos grupos empresariales que se disputaron la conducción de Vicentin, Grassi por un lado y el consorcio Molinos Agro-Louis Dreyfus Company por el otro, procuraron demostrar fortaleza y legalidad en su convocatoria de acreedores. Las presentaciones simultáneas de mayorías, las impugnaciones cruzadas y las acusaciones de maniobras dilatorias fueron parte del escenario previo a la decisión del juez Fabián Lorenzini.
Mientras la propuesta de Grassi apuntaba a la continuidad productiva y la protección de puestos de trabajo, ofreciendo a los acreedores esquemas de cobro y recupero de créditos con mecanismos flexibles y adaptados a sus perfiles, Molinos y LDC intentaron posicionar su alternativa sobre la base de garantías de pago directo, acuerdos gremiales previos y la promesa de nuevas inversiones destinadas a la reactivación de las plantas. Uno de los puntos de mayor controversia fue la legitimidad de los avales presentados por Grassi, cuestionados por autovoto y por la participación de fondos internacionales con potenciales intereses asociados.
Molinos y LDC, en ese contexto, solicitaron la exclusión de ciertos acreedores del recuento que robustece la candidatura de Grassi. Argumentaron vínculos poco transparentes y el supuesto fondeo cruzado entre partes vinculadas a la firma santafesina. La disputa por la validación de esos avales resultó determinante para la resolución judicial.
El peso histórico de Vicentin en el entramado agroindustrial, junto a su rol como principal fuente laboral y dinamizadora de economías regionales, hizo que tanto la decisión del juez como los términos de los planes presentados fueran observados en detalle tanto por los principales actores del sector como por la opinión pública en general. Se trataba no solo de una definición societaria, sino también de un mensaje al sistema financiero y de garantías para cientos de productores que, tras años de litigio, aguardaban certidumbre sobre sus acreencias.
En este punto, ambas propuestas expusieron modelos de pagos escalonados y alternativas que privilegiaban la supervivencia de la compañía, así como la continuidad del empleo. Grassi, que finalmente fue declarado el primer grupo en cumplir con las mayorías necesarias, comprometió un plan de inversión que, según los propios directivos, busca modernizar instalaciones y garantizar la permanencia de la estructura operativa en la provincia.
La situación de los cerca de mil empleados de Vicentin, muchos de los cuales atravesaron años de incertidumbre, permaneció como uno de los aspectos esenciales a resolver. Además de la dimensión económica y de mercado, la causa por presunto fraude contra exdirectivos de la compañía todavía continúa abierta en el fuero penal, y queda pendiente la resolución definitiva sobre el destino final de la compañía bajo su nuevo control.
Por fuera del núcleo judicial y económico, el caso Vicentin se constituyó en símbolo de debates mayores: la relación entre Estado y sector privado, la protección a la actividad productiva frente a crisis agudas, y los límites del endeudamiento y la gobernanza corporativa en un escenario de volatilidad macroeconómica. La definición reciente sobre el control marca el cierre de una etapa, pero el foco persiste sobre las eventuales respuestas que pueda ofrecer la nueva conducción para cumplir con los compromisos asumidos ante los acreedores y reestablecer la confianza en uno de los actores emblemáticos del sector agrícola argentino.
Fuente: Infobae
