Un sistema cuestionado desde hace casi una década
El penal federal de Ezeiza, una de las cárceles de máxima seguridad del país, atraviesa desde hace años graves denuncias por la calidad de la alimentación que reciben sus internos. Relatos coincidentes de personas privadas de la libertad y familiares describen comidas insuficientes, en mal estado y con elementos extraños, una situación que motivó decenas de habeas corpus ante la Justicia.
“La comida muchas veces llegaba podrida o con cuerpos extraños como pelos, clavos o cucarachas”, relató un exdetenido que pasó más de tres años en el penal.
Un negocio de cifras millonarias
Según consta en la investigación judicial, la provisión de viandas representa un negocio estimado en más de 24 millones de dólares anuales. La empresa contratada factura alrededor de 17.000 pesos por cada plato, con tres comidas diarias para una población cercana a los 2.000 internos.
El monto contrasta con la baja calidad de los alimentos denunciada, que incluye porciones mínimas, carne en mal estado y ausencia de dietas especiales para personas con problemas de salud.
Empresas bajo sospecha y una posible pantalla
La Justicia detectó indicios de que la empresa actual proveedora del servicio sería una continuidad encubierta de la firma previamente inhabilitada, lo que derivó en nuevos allanamientos. Se identificaron vehículos, empleados y domicilios compartidos, además de irregularidades administrativas que reforzaron las sospechas.
Para el juez interviniente, el esquema no podría funcionar sin el conocimiento de las autoridades penitenciarias.
Informes sanitarios alarmantes
Los análisis realizados por organismos oficiales determinaron que las viandas no cumplen con el Código Alimentario Argentino. Se detectó la presencia de bacterias peligrosas como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus, lo que las vuelve no aptas para el consumo humano.
“La contaminación sugiere una falta general de higiene y un manejo inadecuado de los alimentos”, señala uno de los informes incorporados al expediente.
Impacto en la salud y restricciones adicionales
Familiares denunciaron que la mala alimentación se suma a faltantes de medicamentos y a limitaciones para el tratamiento de enfermedades crónicas. En varios casos, los internos se ven obligados a comprar alimentos en la cantina del penal, donde los precios son significativamente más altos que en el mercado externo.
No todos los detenidos cuentan con recursos para acceder a una alimentación complementaria, lo que profundiza la desigualdad dentro del sistema penitenciario.
Una causa que avanza
El juez ordenó allanamientos en empresas proveedoras y en oficinas del Servicio Penitenciario Federal, además del secuestro de teléfonos celulares de funcionarios y empresarios. La causa busca determinar responsabilidades penales y administrativas en lo que ya es considerado por investigadores como una red enquistada desde hace años.
