La investigación judicial que se inició a partir de las muertes por fentanilo contaminado que se registraron en 2025 siguió avanzando incluso durante la feria judicial de enero y arrojó novedades. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak solicitó al Cuerpo Médico Forense que determine de manera precisa y detallada las secuelas físicas y mentales de los 48 pacientes que sobrevivieron al tratamiento con el potente anestésico adulterado, y cuánto se incrementó el riesgo de muerte de los 111 fallecidos, acreditados por el Juzgado a través de las historias clínicas y análisis bacteriológicos realizados, que deberán ser refrendados por los peritos oficiales.
En este momento, los acusados, hasta ahora procesados por 20 muertes, enfrentan la posibilidad de ser indagados nuevamente por un número mucho mayor si los peritos ratifican que el número de fallecidos llega a 111.
Los peritos establecieron que las bacterias multirresistentes incrementaron drásticamente el riesgo letal y ahora se busca determinar daños irreversibles en los sobrevivientes: desde incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales hasta secuelas psicológicas graves.
Adriana Francese, abogada de decenas de familiares de víctimas que murieron luego de que les aplicara el fentanilo contaminado, indicó que “la investigación ha avanzado considerablemente”.
En diálogo con Telenoche (El Tres), dijo que este jueves se realizaron nuevos allanamientos y que la Justicia también le solicitó al Cuerpo Médico Forense “que continúe con las pericias de los casos que han sido depurados por el juzgado”.
Al respecto, sumó que “actualmente hay peritados alrededor de 100 casos”, y que ese trabajo individualizado para cada muerte continuará ahora. “Se está haciendo lo posible para llegar a un número más acercado a la realidad”, sostuvo.
Ivana Esteban, hija de una de las personas fallecidas que fue tratada con la droga adulterada, recordó días atrás que en la causa están constatadas 59 víctimas de Santa Fe y 49 de Rosario, aunque por “información extraoficial” creen que podrían ser aún más.
También están los casos de “las 48 víctimas que sufrieron lesiones graves en su organismo, para los cuáles también debe determinarse cuál es el grado de cada lesión”, agregó Francese, y adelantó que en febrero se definirá una fecha para estudiarlos.
En cuanto a las imputaciones, apuntó que “se van a tener que ampliar” dado el incremento del número de fallecidos desde la última audiencia. Hasta ahora, los procesamientos se basaban en alrededor de 20 muertes concretas, pero estos nuevos análisis realizados en plena feria judicial de enero elevaron la cifra a 111 fallecidos confirmados, luego de descartar algunos de los 124 inicialmente estimados en septiembre de 2025.
“Se va a tener que llamar a indagatoria nuevamente para sumar las imputaciones por estas nuevas muertes”, remarcó la abogada. Esto, añadió, dejará a los imputados “en una situación mucho más desfavorable y más cerca del máximo de la pena”.
La expectativa de pena es de 10 a 25 años de prisión por los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.
Todos los procesados volverán a ser indagados por la Justicia una vez que los nuevos informes periciales estén disponibles, mientras que sus defensores apelaron los procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata.
Francese también habló de los obstáculos de los familiares a los que representa para acceder a las historias clínicas de los fallecidos. “Colaboración de los hospitales no hubo nunca. Fueron muy pocos los que ofrecieron voluntariamente la información”, cuestionó.
Y sumó: “Cuando pedíamos las historias clínicas, incluso por intermedio de abogados, nos eran enviadas incompletas, sin los estudios bacteriológicos, que son los que sirven en este caso para determinar si las víctimas habían contraído o no alguna de las bacterias”. Incluso hubo casos de familias a las que “se las cobraban”.
Pedirán ampliar la cantidad de procesados
Según la resolución judicial, los informes periciales serán determinantes para definir la cantidad exacta de delitos imputables a los 14 procesados hasta el momento, entre ellos directivos, técnicos y responsables de las empresas HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.
Sobre esto, la abogada comentó que solicitó que también se investigue a más personas: “Cada querellante solicitó que se investige a funcionarios públicos que deberían haber controlado, que tuvieron la información de que en esta manufactura había fallas críticas y no procedieron de la forma en que deberían haberlo hecho”.
Por último, enfatizó en el hecho de que a pesar de que “hay 51 instituciones que adquirieron este lote contaminado con bacterias”, son “más de 20 las que no reportaron ni una sola víctima más allá de haber aplicado la medicación”.
Fuente: Rosario 3
