La diputada provincial Ximena García presentó, junto a legisladores del espacio Unidos, un proyecto de ley que propone prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe. La iniciativa busca modificar el Código de Convivencia provincial e incorporar sanciones para conductas actualmente prohibidas por normativas locales.
La propuesta cuenta con el acompañamiento de los diputados Walter Ghione, Germán Scavuzzo, Martín Rosúa, Astrid Hummel, Sofía Galnares y José Corral, además del senador Ciro Seisas.
“El espacio público es de todos los santafesinos y no de quienes pretenden adueñarse de la calle mediante la amenaza”, sostuvo García al fundamentar el proyecto.
Un marco legal provincial para unificar criterios
La iniciativa propone establecer un marco normativo homogéneo en toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la actuación de la Policía y la Justicia ante situaciones de reincidencia o violencia vinculadas a la actividad de cuidacoches.
Según explicó la legisladora, actualmente los municipios encuentran limitaciones en su intervención cuando se registran reiteraciones, ya que en muchos casos la demora es breve y la persona vuelve a la vía pública pocas horas después.
El proyecto toma como antecedente la experiencia implementada en la ciudad de Santa Fe, donde en 2024 se sancionó la Ordenanza Nº 12.961, impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo. Esa normativa permitió avanzar en operativos conjuntos y controles sostenidos, además de programas de reconversión laboral.
La diputada indicó que la propuesta provincial fue trabajada en articulación con el Gobierno santafesino, que aportó acompañamiento técnico durante su elaboración.
Sanciones previstas: trabajo comunitario y arresto
El texto incorpora una respuesta gradual y proporcional, aplicable siempre que la conducta no constituya un delito penal.
Entre las medidas contempladas se incluyen:
- Trabajo comunitario como sanción prioritaria.
- Arresto contravencional en casos de reincidencia.
Desde el entorno legislativo aclararon que la sanción contravencional solo se aplicará cuando la actividad esté expresamente prohibida por la normativa local vigente, respetando así la autonomía municipal establecida en la Constitución Provincial.
Reconversión laboral y abordaje social
El proyecto también prevé un programa provincial de inclusión y formación laboral, además de la creación de un registro e incentivos para el sector privado, con el objetivo de facilitar la inserción formal de quienes decidan abandonar la actividad en la vía pública.
“La ley combina firmeza para recuperar el orden con herramientas para generar oportunidades laborales formales”, concluyó García.
La propuesta continuará su tratamiento legislativo en comisiones antes de llegar al recinto.
