La aprobación de la reforma de seguridad en la Cámara de Diputados de Santa Fe abrió una nueva etapa de negociaciones dentro de Unidos. Luego de una semana marcada por fuertes diferencias entre sus integrantes, el diputado socialista Joaquín Blanco defendió las modificaciones introducidas al proyecto del Ejecutivo y sostuvo que el acuerdo alcanzado le permitirá a la nueva ley tener mayor respaldo institucional.
En una entrevista con Rosario3, el legislador consideró que el texto aprobado consiguió una legitimidad que no hubiera tenido sin los cambios acordados con otros espacios políticos. Además, cuestionó las declaraciones públicas de funcionarios provinciales contra el socialismo y reclamó un funcionamiento más respetuoso dentro de la coalición.
«Ahora la nueva ley tiene legitimidad y futuro», afirmó Blanco al explicar la importancia de haber construido una mayoría amplia en la Legislatura.
Los cambios que permitieron alcanzar el acuerdo
El socialismo tuvo un papel central en las negociaciones que modificaron la iniciativa enviada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Entre los principales cambios, el texto que obtuvo media sanción dejó afuera las zonas de intervención policial especial y la posibilidad de que la Policía interrogue a personas imputadas en situaciones de urgencia.
En cambio, incorporó la posibilidad de realizar declaraciones informativas ante un fiscal para personas que todavía no fueron imputadas. Ese procedimiento contempla el derecho a guardar silencio, retirarse y contar con asistencia de un abogado.
La reforma también conservó determinados supuestos excepcionales de allanamientos sin orden judicial previa, sujetos a una revisión judicial posterior.
Blanco explicó que las modificaciones respondieron a dos objetivos: evitar cuestionamientos de inconstitucionalidad y conseguir los consensos políticos necesarios para garantizar la aplicación de la norma.
Según sostuvo, los cambios permitieron adecuar el proyecto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la nueva Constitución de Santa Fe, reformada en 2025.
El rol del Ministerio Público de la Acusación
Otro de los puntos centrales de la discusión fue la distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El diputado socialista remarcó que la persecución penal corresponde exclusivamente al organismo judicial, mientras que el Ministerio de Seguridad tiene a su cargo la política criminal y preventiva, además de la conducción de las fuerzas policiales.
En ese sentido, recordó que durante la Convención Constituyente de 2025 hubo diferentes posturas sobre las atribuciones del fiscal general y la relación entre el Ejecutivo y el organismo encargado de investigar los delitos.
Para Blanco, la reforma debía respetar ese esquema institucional y evitar que las fuerzas policiales asumieran funciones propias de la investigación penal.
También consideró que las modificaciones aprobadas representan un avance, aunque aclaró que los resultados dependerán de cómo las implementen los fiscales, los funcionarios de Seguridad y las fuerzas policiales.
Blanco cuestionó los ataques al socialismo
Más allá del acuerdo legislativo, el diputado se refirió a las tensiones que atravesó Unidos durante las negociaciones. En particular, calificó de «agraviantes» e «injustas» las declaraciones de Federico Angelini y Cristian Cunha contra el Partido Socialista.
Blanco sostuvo que su espacio eligió trabajar en silencio para construir los consensos, pero decidió responder públicamente ante lo que consideró ataques sin fundamento.
También relacionó la escalada de las diferencias internas con la cercanía del calendario electoral de 2027. Según su interpretación, algunos dirigentes podrían aprovechar la discusión sobre seguridad para posicionarse políticamente ante un tema sensible para Santa Fe y Rosario.
«Tenemos que cuidar la coalición y la forma de gobernar juntos», expresó.
El legislador insistió en que las diferencias entre los partidos deben resolverse mediante el diálogo y no a través de declaraciones en los medios de comunicación.
«Que funcionarios del gobierno provincial ataquen al Partido Socialista a través de los medios es algo que no había pasado en estos tres años y que no vamos a aceptar», advirtió.
La postura del socialismo frente a La Libertad Avanza
Blanco también fue consultado sobre la posibilidad de que Unidos avance hacia un entendimiento electoral con La Libertad Avanza.
Al respecto, ratificó que el Partido Socialista mantiene una posición orgánica contraria a integrar una coalición con el espacio libertario. Recordó que esa postura fue definida en un congreso provincial y comunicada tanto públicamente como en las reuniones internas.
El diputado cuestionó, además, las políticas económicas y sociales del Gobierno nacional por considerar que afectan especialmente a la estructura productiva santafesina.
Sobre la posibilidad de un acuerdo electoral, señaló que las conversaciones con Pullaro deberán desarrollarse dentro de los ámbitos institucionales de la coalición. También indicó que el escenario político comenzará a definirse con mayor claridad a medida que se acerque febrero.
El antecedente de la interna de 2023 y el escenario de 2027
Por último, Blanco planteó la necesidad de evitar que las diferencias internas de Unidos deriven en un nuevo proceso electoral conflictivo.
Como antecedente, mencionó las primarias de 2023 entre Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, que describió como una experiencia negativa para la coalición.
Aunque aclaró que no tiene definida ninguna candidatura, recordó su participación en la construcción de Unidos y su actual responsabilidad como secretario general del Partido Socialista.
El dirigente planteó que el desafío será sostener los acuerdos políticos, respetar las diferencias y evitar que las disputas electorales afecten la gestión provincial.
«Tenemos que cuidar la coalición», insistió, en un mensaje que también funciona como advertencia de cara a las definiciones políticas del próximo año.
