El senador provincial Armando Traferri presentó una denuncia contra los fiscales Ezequiel Caterina y Matías Fabbro por presuntas irregularidades en el marco de una causa judicial vinculada al abogado rosarino José Fernández Chemes.
Según el planteo, los fiscales habrían enviado comunicaciones al defensor Víctor Corvalán en las que anticipaban su decisión de avanzar con imputaciones por asociación ilícita en causas donde Fernández Chemes no reviste condición de imputado. En ese contexto, también le habrían ofrecido acogerse a la figura del imputado colaborador —conocida como “arrepentido”— bajo una supuesta “situación de prioridad” respecto de otros investigados, exigiendo además “estricta confidencialidad” y un plazo de 72 horas para responder.
Cuestionamientos legales a la figura del “arrepentido”
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la presunta ilegalidad de aplicar la figura del imputado colaborador a una persona que no está formalmente imputada. El escrito, patrocinado por los abogados Néstor Oroño y Mariana Oroño, sostiene que este mecanismo solo puede aplicarse a quien es autor o partícipe de un delito y se encuentra sometido a proceso.
En ese sentido, se remarca que Fernández Chemes no figura como imputado en la causa identificada bajo CUIJ N.º 21-08438216-4, lo que —según la presentación— invalidaría cualquier ofrecimiento de colaboración en ese marco.
La denuncia concluye que el accionar de los fiscales implicaría el ofrecimiento de un beneficio “legalmente imposible de otorgar”, lo que transformaría el correo electrónico en “un instrumento fáctico e ilícito de presión”.
Acusaciones de “subasta de delaciones”
El texto también cuestiona el mecanismo utilizado, al que califica como una “subasta de delaciones” que desnaturaliza la figura del arrepentido. Según la denuncia, esta modalidad la convertiría en una herramienta de persecución sin sustento normativo, alejándola de su finalidad procesal original.
Delitos señalados: abuso de autoridad, prevaricato y coacción
El senador encuadra los hechos denunciados en tres figuras del Código Penal:
- Abuso de autoridad: por el presunto uso del proceso penal con fines ajenos a la justicia y el apartamiento de las formas legales para negociar imputaciones bajo reserva.
- Prevaricato: al considerar que los fiscales habrían invertido el orden procesal, anunciando imputaciones como consecuencia de no aceptar la colaboración.
- Coacción: por entender que se ejerció presión mediante la advertencia de futuras imputaciones y la exigencia de una respuesta inmediata.
Contexto político y antecedentes de la causa
En su presentación, Armando Traferri reiteró que las acusaciones en su contra forman parte de una persecución política iniciada en 2020. En ese marco, mencionó que declaraciones en su contra provinieron del exfiscal Gustavo Ponce Asahad y del empresario Leonardo Peiti, quienes accedieron a beneficios judiciales tras acogerse a la figura del arrepentido.
El legislador también vinculó el origen de la causa a una supuesta operación encabezada por el exministro de Seguridad Marcelo Sain, con la participación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
Pedido de cambio de jurisdicción
Traferri solicitó que la denuncia sea remitida a una fiscalía de la ciudad de Santa Fe, argumentando que en Rosario se habría desarrollado el entramado de persecución que denuncia.
Intervención institucional y hechos recientes
La presentación se conoce semanas después de que el auditor general de gestión del MPA, Leandro Mai, elevara a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura una denuncia del abogado de Fernández Chemes contra los mismos fiscales.
Además, el propio Traferri denunció recientemente haber sido “juzgado en ausencia” en el proceso que concluyó con la condena del exfiscal Patricio Serjal y un empleado del MPA, basándose en un dictamen del jurista Jorge Alvarado Belloso.
