La Justicia investiga una denuncia presentada contra un preceptor del Complejo Educativo Lourdes de la ciudad de Santa Fe, quien fue detenido dentro de la institución educativa tras una orden judicial. El caso generó la inmediata activación de los protocolos de actuación previstos para situaciones que involucran a menores de edad y movilizó tanto a las autoridades escolares como al Ministerio de Educación provincial.
Cómo se conoció la denuncia
El episodio salió a la luz durante la jornada del miércoles, cuando personal policial se presentó en el establecimiento ubicado sobre calle Padre Luis Dusso al 5100, en la zona noroeste de la capital provincial.
Según información oficial, alrededor de las 13.13 se solicitó la presencia de efectivos en el lugar ante una situación denunciada por la familia de una alumna. La representante legal de la institución, María Eugenia Marcolín, explicó que tomó conocimiento del hecho luego de ser convocada por las autoridades escolares debido a la presencia policial en el establecimiento.
De acuerdo con su relato, la madre de la estudiante se presentó en la escuela acompañada por agentes policiales para informar una situación que involucraba a su hija y a un integrante del personal educativo.
Activación de los protocolos institucionales
Desde el Complejo Educativo Lourdes señalaron que la estudiante no había comunicado previamente la situación a docentes, directivos ni otros referentes de la institución.
Tras tomar conocimiento de la denuncia, las autoridades confeccionaron las actas correspondientes y notificaron de inmediato al Ministerio de Educación de Santa Fe, a la Junta de Escalafonamiento y a las áreas administrativas competentes. Además, se puso a disposición de la Justicia toda la documentación requerida para el avance de la investigación.
«Nos sorprendió a todos en ese momento lo que estaba pasando», expresó Marcolín al referirse al impacto que generó la denuncia dentro de la comunidad educativa.
El antecedente de una denuncia previa
Las autoridades escolares informaron que el trabajador denunciado ya había estado involucrado en una causa anterior registrada en marzo de 2024.
Según explicaron, aquella investigación concluyó con una resolución judicial de falta de mérito. Paralelamente, el sumario administrativo tramitado por el Ministerio de Educación finalizó recientemente y la institución recibió la notificación correspondiente el pasado 3 de junio.
De acuerdo con esa resolución, el agente quedó habilitado para retomar sus funciones laborales. No obstante, desde la escuela señalaron que se había dispuesto que no tuviera contacto con el curso relacionado con la actuación administrativa anterior.
La aclaración del Ministerio de Educación
Tras conocerse la nueva denuncia, la subsecretaria de Educación Privada de Santa Fe, Analía Massera, aclaró que el Ministerio no tuvo intervención en la decisión de reincorporar al trabajador luego del cierre de la primera causa.
La funcionaria explicó que, al tratarse de una institución de gestión privada, la relación laboral corresponde a la entidad patronal, en este caso el Arzobispado de Santa Fe.
Según indicó, el Ministerio notificó oportunamente la resolución administrativa, pero no posee facultades para impedir o autorizar la reincorporación de personal en establecimientos privados.
Massera sostuvo que la entidad empleadora tenía distintas alternativas, entre ellas asignar otras tareas al agente o finalizar la relación laboral, y que la decisión adoptada fue permitir su regreso a las funciones que desempeñaba.
Nueva investigación administrativa
Luego de la reciente denuncia y la detención ordenada por la Justicia, el Ministerio de Educación confirmó la puesta en marcha de una nueva investigación administrativa paralela al proceso judicial.
Además, supervisores y equipos socioeducativos comenzaron a intervenir en la institución para acompañar a estudiantes, familias y personal educativo ante el impacto generado por el caso.
Mientras tanto, las autoridades escolares informaron lo sucedido a las familias mediante una comunicación institucional en la que se preservó la identidad de las personas involucradas.
La causa continúa bajo investigación y será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias denunciadas y las eventuales responsabilidades que puedan surgir de las actuaciones.
