Las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD) rechazaron la oferta de espacios realizada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para el nuevo edificio judicial de la capital provincial. Ambas instituciones sostienen que la propuesta no resuelve el conflicto de fondo y aseguran que vulnera disposiciones incorporadas en la Constitución reformada.
A través de un comunicado conjunto, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Jorgelina Moreno Robinson afirmaron que la Constitución provincial «debe ser respetada y cumplida», especialmente por quienes integran el sistema de justicia.
Rechazo a la propuesta de la Corte
La respuesta llegó pocas horas después de que la Corte Suprema informara la cesión de espacios en el sexto piso del nuevo Anexo Palacio de Justicia y del edificio que actualmente ocupa el Fuero Laboral Santafesino.
Según el máximo tribunal, la superficie ofrecida alcanza los 4.000 metros cuadrados y busca atender las necesidades de funcionamiento de los ministerios públicos. Además, la Corte convocó a una instancia de diálogo para avanzar en la implementación de la medida.
Sin embargo, las autoridades del MPA y del MPD consideraron que la decisión no respeta el marco constitucional vigente y rechazaron la propuesta.
El eje de la discusión: la nueva Constitución
En el comunicado, ambas funcionarias señalaron que la Acordada N.º 23 de la Corte contradice la Cláusula Décimo Sexta de las disposiciones transitorias de la Constitución reformada.
Esa disposición establece que los inmuebles y espacios ya asignados al Ministerio Público no pueden modificar su destino sin la conformidad expresa de las instituciones involucradas.
Las titulares recordaron que en 2021 la propia Corte había afectado formalmente sectores específicos del nuevo edificio. El primer piso fue destinado al Ministerio Público de la Defensa, mientras que el cuarto y quinto piso, junto a parte del subsuelo, quedaron asignados al Ministerio Público de la Acusación.
Según remarcaron, nunca fueron consultadas para modificar esa distribución.
Cuestionamientos sobre el financiamiento de la obra
Otro de los puntos planteados por los ministerios públicos se vincula con el origen de los recursos utilizados para construir el edificio.
Las funcionarias señalaron que la obra se financió mediante un crédito internacional autorizado por la Ley Provincial N.º 13.543. Según indicaron, esa norma estableció como destino específico la construcción de un Centro de Justicia Penal de Santa Fe.
Por ese motivo, sostienen que el uso previsto para el edificio no puede modificarse.
Reserva de acciones legales
A pesar del rechazo, el MPA y el MPD manifestaron que mantienen su disposición al diálogo institucional.
No obstante, advirtieron que harán reserva de las acciones legales que consideren necesarias para garantizar el cumplimiento de la Constitución y de las normas vigentes.
Además, recordaron que el pasado 1 de abril presentaron una nota conjunta ante la Corte Suprema para abordar el conflicto. Según expresaron, hasta el momento no recibieron una respuesta formal.
Una polémica que crece antes de la inauguración
La disputa se produce a pocos días de la inauguración del nuevo edificio judicial, prevista para el próximo 30 de junio.
Mientras la Corte sostiene que la cesión de nuevos espacios busca dar una solución al reclamo, los ministerios públicos insisten en que se respeten las asignaciones originales previstas para el Centro de Justicia Penal.
El conflicto profundiza la tensión institucional entre la Corte Suprema y los organismos que integran el sistema acusatorio provincial, en una discusión que podría trasladarse ahora al plano judicial.
