La mujer señalada como propietaria del geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe se presentó este martes por la tarde en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI). Lo hizo acompañada por su abogado defensor, Claudio Torres del Sel.
La Justicia la buscaba desde la semana pasada, cuando el incendio ocurrido en la residencia dejó al descubierto las condiciones en las que vivían ocho adultos mayores.
Con su presentación, la mujer quedó a disposición de la Justicia y la investigación avanza con todos los principales involucrados identificados.
Este miércoles será la audiencia imputativa
Mientras la propietaria quedó a disposición de la Justicia, este miércoles a las 12.15 se realizará la audiencia imputativa del hombre detenido por la causa.
Los investigadores sostienen que el acusado tenía un rol en la administración del establecimiento.
El fiscal Manuel Cecchini conduce la investigación y la audiencia estará a cargo de la jueza Rosana Carrara.
El incendio permitió descubrir el funcionamiento del hogar
La causa tomó impulso el 29 de julio, cuando un incendio afectó la residencia.
Según la investigación, uno de los residentes prendió fuego un colchón como forma de protesta por las condiciones de vida.
Bomberos y policías rescataron a los ocho adultos mayores. Ninguno sufrió heridas.
Sin embargo, el operativo reveló una situación alarmante. Los investigadores encontraron hacinamiento, falta de higiene, personas encerradas con candado y presuntas deficiencias en la alimentación y la atención médica.
Tras el procedimiento, el fiscal ordenó la detención del encargado del lugar por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad.
Luego, la Municipalidad trasladó a los residentes a Casa Clara Beata.
La causa también investiga el manejo de jubilaciones
Además de las condiciones del geriátrico, la Justicia analiza una denuncia presentada meses antes del incendio.
La presentación sostiene que los haberes previsionales de uno de los residentes desaparecían pocas horas después de acreditarse y que existían transferencias bancarias bajo investigación.
Los investigadores intentan determinar si se trató de un hecho aislado o de una maniobra que afectó a otros adultos mayores alojados en la residencia.
La investigación sigue sumando pruebas
La Justicia analiza documentación, movimientos bancarios y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos.
Con la entrega de la propietaria, la causa entra en una nueva etapa. Ahora los investigadores buscan establecer las responsabilidades penales por el funcionamiento del geriátrico clandestino y por los presuntos delitos que habrían perjudicado a sus residentes.
