El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo sobre las inconsistencias detectadas en su evolución patrimonial. La presentación, realizada luego de una prórroga, responde a los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
En un escrito de 78 carillas, la defensa sostuvo que la evolución patrimonial registrada entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 cuenta con respaldo documental, contable y técnico. Según el planteo, no existiría un incremento patrimonial sin una explicación vinculada con los ingresos y movimientos declarados.
Los ahorros vinculados al bitcoin
Uno de los principales argumentos de Adorni está relacionado con casi USD 600 mil obtenidos, según su defensa, mediante la liquidación de bitcoin entre 2017 y 2018.
El escrito señala que ocho billeteras de criptomonedas generaron un total de USD 591.544,61. Las claves privadas de esas cuentas fueron acreditadas mediante un acta notarial, mientras que la defensa sostuvo que los movimientos registrados corresponden a operaciones realizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
Según el abogado Matías Ledesma, se trataba de un activo previo al ingreso de Adorni a la función pública. Las billeteras actualmente no tendrían saldo.
La presentación también reconoce que parte de las operaciones se realizaron mediante encuentros personales y pagos en efectivo, sin participación de entidades financieras. La defensa afirmó que una parte de los dólares obtenidos fue reinvertida y otra quedó guardada fuera del sistema bancario, en el domicilio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Qué dijo sobre la casa de Indio Cuá
Otro de los puntos centrales del expediente está relacionado con la vivienda ubicada en el country Indio Cuá.
Adorni negó haber pagado USD 245 mil en efectivo por las refacciones y aseguró que el monto total de las obras fue de USD 175 mil. De acuerdo con su presentación, ese dinero salió de una cuenta bancaria y provenía de sus ahorros.
En cuanto a la adquisición del terreno, la defensa explicó que el lote 380 fue comprado por USD 120 mil. La operación se habría financiado con un préstamo hipotecario de USD 100 mil y USD 20 mil en efectivo, bajo custodia de su esposa.
La presentación también cuestionó las cifras aportadas por el contratista Matías Tabar. Según la defensa, una planilla presentada por el propio contratista suma USD 285.929, mientras que en su declaración testimonial había señalado un costo total de USD 245.929.
La evolución de los ahorros declarados
El escrito también detalló cómo evolucionaron los ahorros en efectivo declarados por el matrimonio.
Según la defensa, el monto pasó de USD 513 mil al cierre de 2023 a USD 388.961,52 al finalizar 2024, y luego a USD 209.961,52 al cierre de 2025.
La explicación sostiene que esos fondos fueron utilizados para la compra y refacción de la propiedad de Indio Cuá y para la adquisición de un departamento ubicado en Miró.
Además, la defensa explicó que la tasa de ingreso al country, por USD 5.000, fue incluida en la reconstrucción del flujo de fondos.
La respuesta a las inconsistencias detectadas
La presentación fue realizada por el abogado Matías Ledesma al vencimiento de la prórroga otorgada por el juez federal Ariel Lijo.
El fiscal Pollicita había requerido que Adorni explicara su patrimonio después de detectar inconsistencias por unos $43 millones y USD 400 mil.
La defensa sostuvo que la diferencia patrimonial de $43.068.549 señalada por la fiscalía constituye una brecha residual y negó que represente un enriquecimiento injustificado. También argumentó que la documentación contable y técnica incorporada permite explicar esa diferencia.
El escrito agregó que las declaraciones juradas rectificativas presentadas en junio de 2026 incorporaron el inmueble y la deuda hipotecaria en partes iguales entre Adorni y Angeletti, con el argumento de reflejar la situación patrimonial de la sociedad conyugal.
Por último, la defensa planteó que, si eventualmente surgieran cuestiones vinculadas con obligaciones tributarias, su investigación debería corresponder al fuero penal económico.
La presentación deberá ahora ser analizada por la Justicia, que deberá determinar si las explicaciones y documentación aportadas resultan suficientes para justificar los movimientos patrimoniales cuestionados.
