La Justicia confirmó la prisión preventiva del exfiscal Mariano Ríos Artacho y de otros cuatro imputados en la causa que investiga el presunto desvío de al menos 425 millones de pesos de cuentas judiciales. La resolución fue dictada por la camarista Carolina Hernández, quien ratificó la calificación legal y las medidas de coerción impuestas en primera instancia.
El fallo alcanza también al abogado Emilio Barcaccia, Fabricio Romero, Gustavo Cesaretti y Julio Mercado, quienes habían apelado la decisión judicial que dispuso que continuaran detenidos mientras avanza la investigación.
La causa es impulsada por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes reconstruyeron una presunta metodología organizada para retirar dinero de cuentas judiciales, transferirlo entre distintos destinatarios y, en determinadas circunstancias, recomponer los saldos.
La Justicia ratificó la prisión preventiva de los cinco imputados
En una resolución de 22 fojas, Hernández rechazó los argumentos de las defensas, que planteaban analizar por separado las llamadas telefónicas, los viajes, las transferencias bancarias y los vínculos personales entre los acusados y el exintegrante del MPA.
La camarista sostuvo que una asociación ilícita no necesita un contrato formal para ser acreditada, sino que puede demostrarse a partir de una secuencia organizada de maniobras y de los elementos que permitan establecer la participación de sus integrantes.
De esta manera, la resolución respaldó la hipótesis fiscal sobre la existencia de una estructura coordinada para operar sobre fondos depositados en cuentas judiciales.
Las cinco etapas del presunto esquema para desviar dinero
Uno de los puntos centrales del fallo fue la descripción de la metodología que, según la investigación, se habría utilizado para concretar las maniobras. La secuencia identificada por los fiscales comprende cinco etapas.
La primera consistía en identificar fondos disponibles en cuentas judiciales que estaban bajo la responsabilidad del entonces fiscal. Luego, se confeccionaban oficios destinados a dar apariencia de legalidad a las extracciones de dinero.
La tercera etapa contemplaba el uso de cuentas bancarias receptoras, que podían pertenecer a los propios imputados, a terceros o a familiares. Después, el dinero circulaba entre distintas cuentas mediante transferencias y reenvíos parciales. Según la investigación, en algunas ocasiones una parte de los fondos regresaba a Ríos Artacho.
Finalmente, se realizaban movimientos para recomponer los saldos de las cuentas judiciales cuando resultaba necesario.
La reconstrucción busca explicar cómo se habría desarrollado el circuito financiero y de qué manera los distintos movimientos habrían permitido concretar el presunto desvío de fondos.
El rol que la resolución atribuyó a Ríos Artacho
La camarista confirmó la hipótesis de que Ríos Artacho habría ejercido la jefatura de la organización investigada. De acuerdo con el fallo, su posición dentro del Ministerio Público de la Acusación le habría otorgado un papel central en el funcionamiento del esquema.
Hernández también se refirió a la presunta ludopatía del exfiscal, señalada como una posible explicación de la motivación económica detrás de las maniobras. Sin embargo, aclaró que esa circunstancia no desarticula ni justifica la ejecución sostenida de los hechos investigados.
La resolución también consideró que los demás involucrados contaban con indicadores objetivos que podían advertirles sobre la naturaleza de las operaciones en las que participaban. Entre esos elementos, mencionó el uso de CBU vinculados a carátulas de expedientes judiciales y la recepción de fondos identificados como pagos por reparaciones o restituciones.
Estos elementos forman parte de la valoración judicial sobre la posible participación y el conocimiento de los imputados respecto de las operaciones investigadas.
La jueza señaló falencias en los mecanismos de control del MPA
Además de confirmar las medidas de coerción, Hernández valoró que el propio Ministerio Público de la Acusación investigara hechos que presuntamente se habrían producido dentro de su estructura y expusiera las debilidades de sus mecanismos de control.
La magistrada consideró importante que se determinen las responsabilidades correspondientes y que se adopten medidas para corregir las fallas institucionales que pudieran haber facilitado las maniobras.
En ese sentido, sostuvo que el saneamiento institucional requiere identificar e investigar las irregularidades, corregir los déficits detectados y aplicar las sanciones que correspondan.
La resolución mantiene a los cinco imputados en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial y respalda, en esta etapa de la causa, la hipótesis de una estructura organizada para el presunto desvío de fondos de cuentas judiciales.
