Los bancos públicos nacionales afectados por el concurso de Vicentin respaldaron la propuesta de un grupo de productores agropecuarios y acreedores de la empresa Vicentin, presentada a fines de febrero para evitar su “desguace” y recuperarla.
“Consideramos muy positiva la iniciativa presentada por los propios productores, cooperativas y acopiadores damnificados”, resumió Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, en un comunicado.
Para Hecker, la propuesta permitirá recuperar la cerealera santafesina y reducir la millonaria deuda que ese grupo empresario mantiene con las entidades bancarias y el resto de los acreedores.
El directivo destacó que se base en “el reconocimiento de las deudas para todos los actores involucrados; la separación en la gestión de la empresa de quienes la condujeron al default y la participación, junto a los productores, del Estado provincial y nacional en la búsqueda de una solución sustentable en el tiempo y que permita la recuperación de la producción y los puestos de trabajo”.
“Desde ya es sólo un puntapié inicial y hay que trabajar en los puntos específicos de la propuesta”, remarcó Hecker, y anticipó que el Nación estaría dispuesto a financiar a los productores originadores, como lo viene haciendo, si avanza esa iniciativa.
La opinión del Nación es compartida por el Provincia, el Ciudad y el BICE que sostienen como objetivo la recuperación de los créditos y la reactivación de la actividad productiva, aseguró el comunicado.
Vicentin mantiene una deuda con las cuatro entidades financieras estatales, que supera los u$s 500 millones, recordó el Banco Nación.
La iniciativa fue suscripta por más de 70 firmas agrícolas de la región que, en conjunto, suman acreencias por más de u$s 120 millones y a la que posteriormente se sumaron acopiadores, cooperativas y operadores de Bolsa.
Los principales puntos de la propuesta, que para los productores originadores representa la “única alternativa” para volver a poner en marcha a Vicentin, son capitalizar gran parte de las acreencias que generará la perdida de participación de los accionistas actuales; planes de pagos, a quienes no capitalicen, con quitas y/o espera; acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento; acuerdos con acreedores financieros para asegurar el capital de trabajo; y separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y accionistas.
La iniciativa destaca la importancia de que una parte significativa de los acreedores capitalicen sus deudas y se comprometan a aportar granos y capital de trabajo y considera económicamente inviable que un nuevo accionista aporte el capital de trabajo necesario para poner en marcha la compañía y cancelar el pasivo.
“Hemos estudiado en profundidad las alternativas para este tipo de reestructuraciones y creemos firmemente que la participación del Estado nacional y el de la provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución”, concluyó el comunicado.
