En el día de la fecha se concretó en la Cámara de Senadores de la Provincia la interpelación al Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, a partir de la iniciativa del Bloque de la UCR aprobada por Resolución N° 44.458 en virtud de las facultades emanadas del Art. N° 45 de la Constitución Provincial.
Al inicio de la misma el Pte. del Bloque Radical, Felipe Michlig, luego de dar la bienvenida al funcionario explicó que «si bien hace mucho tiempo que no se acude a está metodología constitucional, la idea es que esto debe ser una práctica común entre ambos poderes sobre todo cuando hay muchas dudas que necesitamos aclarar sobre situaciones de distinto tipo que ocurren en los departamentos que representamos con la asignación de recursos y particularmente la distribución alimentaria».
A lo largo de 5 horas, el titular de la cartera social brindó respuestas al pliego de 27 preguntas dividido en 4 bloques temáticos, a saber:
1- Ayuda directa a personas mediante entrega de mercadería.
2- Programas de existencia monetarias y no monetarias a cargo del ministerio.
3- Antecedentes sobre irregularidades con entrega de tarjetas del plan alimentar.
4- Actividades y acciones del ministro por fuera de las competencias establecidas por la ley de ministerio.
Posteriormente al desarrollo de las respuestas, los Senadores repreguntaron sobre otros aspectos relacionados a los cuatros módulos interrogatorios.
Irregularidades en la distribución alimentaria
En el transcurso del debate desde el bloque de la UCR invitaron a ver un vídeo de situaciones que se dan en distintos municipios y comunas «que son demostrativos de cómo se distribuye la mercadería a través de candidatos del PJ».
El Senador Michlig narró que «como se ve en Monigotes el candidato del PJ Javier Portianka baja mercadería en la casa de otro dirigente (Pablo González). A continuación, vemos un camión de la Comuna de Hersilia (en donde la provincia almacena toda la mercadería y luego la distribuyen a distintas localidades con fines partidarios). Por ejemplo, se ven descargando en Soledad a Facundo Brillada; en Ñanducita a Antonella Cafaratti; en Ceres el camión de Hersilia se ve descargando en calle Laprida y Belgrano); en San Cristóbal la triangulación también se hace con concejales justicialistas y la Asociación «Construyendo Puentes», como ellos mismos lo publicaron en su Facebook» reseñó el representante del departamento San Cristóbal.
El Senador Rodrigo Borla repasó «situaciones del departamento San Justo, como por ejemplo en La Criolla en donde hay dos clubes, la asistencia del ministerio para el pueblo se canaliza por uno de esos clubes en donde el presidente es candidato del oficialismo provincial».
Tarjeta Alimentar e incompatibilidades
El Senador por el departamento San Gerónimo, Leonardo Diana, pidió explicaciones al ministro sobre la distribución de las tarjetas Alimentar a través de «entidades partidarias como ocurre con el PJ de Maciel, como se ve en el vídeo».
Asimismo indagó sobre las tarjetas «robadas o extraviadas», que según explicó Capitani «son en total 484 y el tema está en investigación», sin brindar mayores explicaciones.
Finalmente el intercambio de preguntas y respuestas pasó por posibles incompatibilidades de funcionarios provinciales que forman parte de fundaciones que reciben fondos de programas del ministerio, lo cual fue negado por el Ministro Danilo Capitani.
Al término de la interpelación el senador Felipe Michlig consideró que en buena hora que después de 20 años podamos retomar esta práctica que nos posibilita la Constitución Provincial. En cuanto a las explicaciones del ministro consideró que hay muchos puntos que no terminamos de coincidir, uno de ellos tienen que ver con todo lo que referimos respecto a la distribución de mercadería y alimentos y la metodología que se emplea en algunos casos a través de candidatos o con móviles de otras reparticiones como por ejemplo de la DPV en San Justo.
Tampoco coincidimos con que esté bien que un funcionario cómo es el Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios Jorge Bortolozzi, integre una fundación del departamento San Jerónimo que recibe dineros del ministerio, lo cual puede estar incurso en la violación a la ley de ética pública», culminó.
