El ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner está alojado en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016
Ricardo Jaime fue un pionero. Cuando nadie pronunciaba la palabra lawfare y aún gobernaba Cristina Kirchner, el ex secretario de Transporte se confesó coimero y pactó en un juicio abreviado una condena a un año y seis meses de prisión. Había admitido que recibió dádivas de empresarios a los que debía controlar.
Ya había sido condenado por robar pruebas en un allanamiento realizado en 2010 en una casa en Carlos Paz, Córdoba, en el caso por enriquecimiento ilícito que ha llegado a la etapa final del juicio oral y público. Ambas condenas están firmes.
En el juicio por enriquecimiento ilícito, la fiscalía a cargo de Gabriela Baigún confirmó que Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009 adquirió bienes que no pudo justificar con sus magros ingresos como funcionario público. Y por ello pidió una pena de ocho años de prisión al considerarlo responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta. El mayor caso de administración fraudulenta por el que fue acusado -junto a Julio De Vido- es el de la compra de trenes chatarra a España y Portugal. En ese capítulo del juicio la fiscal acusó a Jaime también de cobrar coimas. Ese juicio por múltiples casos de corrupción terminará a principios de 2022.
El martes pasado los jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) rechazaron un pedido de excarcelación de Jaime quien se encuentra detenido desde el 2 de abril de 2016. Fue también pionero: el primer ex funcionario kirchnerista detenido por casos de corrupción. Y el único que permanece.
Los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero rechazaron la excarcelación en virtud de que la pena pedida en el juicio es de ocho años y se le puede componer con las otras penas que ya tiene: las de los dos primeros juicios y la de la Tragedia de Once. Falta una revisión de Casación de la condena por su responsabilidad en el choque del tren producido el 22 de febrero de 2012 y que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos.
Los jueces le negaron la excarcelación porque Jaime tiene, además nueve casos abiertos en los juzgados de primera instancia en lo federal y cuatro expedientes que llegaron a juicio oral y público. Consideraron que de ser excarcelado podría o bien fugarse o interferir en la investigación. Y por eso le extendieron la prisión preventiva.
En la misma resolución firmada el 7 de diciembre pasado, los jueces además reseñaron los casos que ya llegaron a juicio oral y público en los que está involucrado Jaime.
A mediados de este año el Tribunal Oral Federal 8 comenzó a enjuiciar a Jaime por el caso de la promesa de coimas de un millón de dólares para que la empresa francesa Alstom ganara la licitación del prometido y jamás cumplido Tren Bala. Allí Jaime es el único acusado y se realiza una audiencia por Zoom cada dos semanas.
Jaime deberá responder también la acusación en su contra por el Caso Cuadernos en el que fue procesado porque empresarios del transporte aseguraron como arrepentidos que le entregaban un porcentaje mensual en coimas a partir de los subsidios que pagaba el ex secretario de Estado. Allí también serán enjuiciados por el Tribunal Oral Federal 7 Cristina Kirchner y los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero, entre otros. Jaime tiene dictada prisión preventiva también por el TOF 7.
En el Tribunal Oral Federal 4 quedó radicado un caso en el que Jaime está acusado de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y de negociaciones incompatibles con la función pública. Jaime y De Vido deberán responder por el hecho de no haber llamado a renegociar los contratos de concesión del transporte ferroviario como lo indicaban las normas dictadas a partir de 2003. La acusación señala que lo hicieron para beneficiar a los concesionarios. Jaime también deberá explicar por qué jamás puso en funcionamiento el ente que debía coordinar acciones para mejorar el sistema de transporte ferroviario metropolitano con los municipios del Conurbano, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Tribunal Oral Federal 5 Jaime deberá someterse a otro juicio. Está acusado por negociaciones incompatibles con la función pública por haber renegociado en 2006 el contrato de concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro por un canon menor que el que abonaba hasta entonces el empresario Néstor Otero. Otero, que recibió la extensión del contrato hasta 2015, aparece en varios casos vinculados al pago/cobro de coimas de Jaime. El empresario que aún mantiene la concesión de la Terminal de Retiro, le pagó el alquiler de su departamento a Jaime no bien el cordobés llegó a Buenos Aires para sumarse al gobierno de Néstor Kirchner. Por ese caso Jaime admitió en octubre de 2015 ser coimero. Dos empleados de Otero, Alfredo Pielach y Lisandro López, fueron acusados por la fiscal Baigún como testaferros de Jaime en el juicio que está por finalizar. Compraron un hotel en Carlos Paz que manejaba Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario, también acusada de testaferro.
El ex secretario de Transporte tiene, como se ha dicho, nueve casos más que aún están en la etapa de instrucción y tal vez no lleguen a juicio. La situación judicial de Jaime, sin contar los expedientes que aún están dando vueltas por los juzgados federales, es muy complicada.
En el mediano plazo lo esperan cuatro juicios orales. En lo inmediato tiene un pedido de pena de ocho años de prisión en el juicio que tendrá un veredicto durante el verano de 2022.
Jaime quien el 16 de enero próximo cumplirá 67 años en la cárcel de Ezeiza, cometió delitos de corrupción por los que ya fue condenado. Al ex funcionario le quedan varios juicios por afrontar en los que, aunque de forma lenta, se exhiben negociados realizados mientras administró cifras millonarias en el área de Transporte entre 2003 y 2009.
