Juicio a Alvarado: Pullaro explicó cómo se investigó al empresario narco tras una serie de balaceras
El ex ministro de Seguridad habló de su rol en el marco de los atentados contra sedes de la Justicia provincial y de la detención del acusado concretada en febrero de 2019
El diputado provincial Maximiliano Pullaro declaró este miércoles por la mañana en el marco del juicio oral contra Esteban Alvarado, quien está acusado junto a otras seis personas de formar parte de una asociación ilícita dedicada a cometer distintos delitos. Pullaro prestó declaración acerca de su rol de ministro de Seguridad -cargo que ocupó entre 2015 y 2019- en el marco de los atentados contra sedes de la Justicia provincial y de la detención de Alvarado concretada en febrero de 2019.
Al comienzo de su declaración, Pullaro recordó los tiempos que se vivieron en la ciudad a partir del juicio y condena a la banda Los Monos. Tras una serie de atentados a edificios judiciales y casas de funcionarios, recordó que el gobierno provincial “vivió una situación de máxima tensión”. Los ataques se suscitaron hasta agosto, mes en el que hubo una pausa hasta una serie de nuevos atentados ocurridos en diciembre de 2018. Estos hechos, según la acusación del actual juicio, respondieron a órdenes de Alvarado que intentó hacerlos pasar como obra de Los Monos para incriminarlos.
Para entonces, rememoró el ex ministro de Seguridad, el nombre de Alvarado ya hacía tiempo “venía sonando muchísimo en Rosario”. Desde 2016, puntualmente según detalló, el gobierno provincial había empezado a investigar a Alvarado, que por entonces estaba preso en Buenos Aires por una causa por robo de autos. Lo que preocupaba a la gestión provincial era que “la violencia en Rosario se había movido de la zona sur al oeste”. Los rumores que llegaban al gobierno aseguraban que Alvarado, a punto de recuperar la libertad, estaba planeando “instalarse con su negocio criminal”.
En ese momento de su declaración, Pullaro evocó a la ex jueza de Instrucción y actual vicegobernadora Alejandra Rodenas. “Sabiendo que no había causas (de Alvarado) en la provincia de Santa Fe, mandamos una comisión a entrevistarse con el fiscal Patricio Ferrari en Buenos Aires para observar qué había en ese momento”, explicó Pullaro. En ese sentido remarcó que la mayoría de la información recopilada en ese entonces no provenía de vías “judicializables”, como lo puede ser la policía, sino de vías informales como información periodística o de la Secretaría de Seguridad Comunitaria.
Por ese aspecto es que se consideró de importancia la información que llegó a Rosario mediante el fiscal Ferrari de Buenos Aires. Pero, según Pullaro, esa información se derivó a la Justicia local. En ese momento se ordenó la captura de Alvarado, de quien aquella información “no judicializable” advertía que tenía “muchos vínculos con algunos grupos policiales de la provincia”.
Tras los pasos de Alvarado hubo un allanamiento en una vivienda ubicada en una isla frente a la ciudad de Rosario. Fue entonces cuando Pullaro mencionó a la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, por entonces jueza de Instrucción del viejo sistema penal. “En un allanamiento en la isla, adonde se lo va a buscar a Alvarado, por algún motivo se enteran quienes eran propietarios o inquilinos de ese lugar, la doctora Rodenas y su marido”, recordó Pullaro.
Junto a la ex jueza llegó un abogado que -según Pullaro- días antes había estado en la fiscalía pidiendo información sobre Alvarado. A su vez el ex ministro de Seguridad mencionó otro aspecto llamativo: quien le habilitó esa información fue Pablo Báncora, uno de los policías condenados por la asociación ilícita liderada por Alvarado.
