Los fiscales analizan la posible relación entre D.I.Z, un preso del pabellón 6, con la balacera ocurrida minutos antes del partido Colón – Peñarol. En dicho pabellón se secuestraron 19 celulares. La imputación contra cuatro personas se realizaría el domingo.
En el marco de la investigación por la balacera ocurridas en adyacencias al estadio de Colón, Brigadier López, el día 5 de abril, el miércoles se realizaron 21 allanamientos en la ciudad de Santa Fe. El operativo ordenó que también se realizaran requisas en el pabellón número 6 de la Unidad Penal número 2, Las Flores, donde se encuentra alojado y cumpliendo condena un hombre, cuyas iniciales son D.I.Z.
Una de las hipótesis es que el preso tendría relación con los hechos delictivos que se investigan. En dicho pabellón se secuestraron 19 teléfonos celulares y en los próximos días, según lo informó el Ministerio Público de la Acusación, se tramitará el alojamiento de esta persona en otra jurisdicción.
El fiscal Martín Torres, integrante de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 1 que lleva adelante la causa, deslizó que se investiga si desde la cárcel se daban órdenes a la barra de Colón identificada como La Negrada. «Es lo que pensamos, por eso se pidió la requisa y se ordenó el secuestro; pero no es algo corroborado. Es lo que nosotros presumíamos», afirmó.
LEER MÁS: Qué se secuestró en los allanamientos que terminó con dos barras de Colón detenidos
«Se hizo un procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, que es de público conocimiento. Se ahondará en la cuestión que corrobore la existencia de uno o más delitos y en función de eso, si llegáramos a tener la evidencia de que su conducta lo hizo incurrir en una calificación penal se le va a ampliar esa imputación. Esa persona está condenada, está en cumplimiento de condena por un hecho de años atrás. Se iniciará una causa nueva por esta investigación».
En declaraciones al programa «De 10» que se emite por LT10, Torres hizo referencia a la audiencia judicial celebrada durante la tarde del miércoles que determinó un aspecto clave con relación a la continuidad de la investigación que hasta ahora tiene a cuatro sujetos detenidos.
«Se realizó una audiencia a pedido de la fiscalía para dos cuestiones. Una es de oficio, que es el control de legalidad sobre la detención, para darle la oportunidad a los imputados y a sus defensas de que planteen cualquier irregularidad posible, algo que no surgió porque los allanamientos fueron solicitados fundadamente por la fiscalía y autorizados por un Juez», explicó en primer lugar.
«En segundo lugar, y más importante, lo que se planteó a pedido de la fiscalía fue la duplicidad de términos. Esto es la posibilidad de que dada ciertas circunstancias o parámetros la fiscalía cuente con el doble de plazos. Normalmente tenemos 72 horas para hacer una audiencia imputativa, aquí se duplican y replican a su vez en todas las instancias del proceso. Esto tiene que ver con la complejidad de la investigación o de la causa en sí y al haber varios imputados, algunos de ellos que no esperábamos y que se dio en situación de la flagrancia atento a que cuando fueron allanados se los encontró en posesión ilegítimas de armas de fuego», relató.
«A pedido del juez que nos pidió una estimación sobre cuándo estábamos en condiciones de hacer la imputación, se le informó que muy probablemente el día domingo», añadió Torres.
Cabe recordar que fueron detenidos dos hombres de alrededor de 30 años (sus iniciales son LJC y WNF) que habrían participado de los ilícitos. Además, fueron privados de su libertad un hombre de aproximadamente 22 años y otro de alrededor de 40 (cuyas iniciales son MES y CDG, respectivamente), que tenían en su poder 10 armas de fuego sin la correspondiente autorización legal.
«Cuatro personas serán imputadas, pero por la complejidad de la causa van a ser imputadas de diversos delitos, con las consecuentes calificaciones legales. Por eso demanda un análisis pormenorizado, minucioso, para estar en lo correcto», explicó el fiscal Torres
Por otro lado, persisten las órdenes de detención en contra de otras tres personas que habrían cometido los hechos violentos investigados y permanecen prófugas.
