La Justicia de EEUU pidió incautar el avión venezolano retenido en Ezeiza, cuya tripulación, compuesta por iraníes y venezolanos, se encuentra en Buenos Aires bajo investigación local. Este lunes, el juez Federico Villena ordenó levantar la prohibición de salida del país para 12 integrantes, mientras continúa la etapa de instrucción de la causa.
Por decisión de la Corte del Distrito de Columbia, se solicitó al Gobierno argentino incautar la aeronave de la empresa Emtrasur que arribó al país el 8 de junio. La novedad judicial fue informada por el Departamento de Justicia de EEUU a la administración nacional de Alberto Fernández.
El pasado 19 de julio, dicho distrito estadounidense emitió una orden judicial en el cual se alegó que la nave puede ser confiscada por haber violado leyes de control de exportaciones locales. Esto es debido a la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, presuntamente vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y alas Fuerzas Quds, a la empresa Emtrasur, subsidiaria de Conviasa, la estatal venezolana.
De acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia de EEUU, la prohibición sobre Mahan Air para involucrarse en cualquier tipo de transacción que esté relacionada con commodities exportados desde Estados Unidos rige desde 2008 y es renovada año tras año.
La Corte de Columbia alegó que en octubre de 2021 la aerolínea iraní violó esta prohibición cuando pasó al control de Emtrasur sin la autorización del gobierno que conduce Joe Biden.
“El Departamento de Justicia no tolerará transacciones que violen nuestras sanciones y leyes de exportación”, dijo Matthew G. Olsen, quien ostenta el cargo de Secretario de Justicia de la División de Seguridad Nacional del mencionado Departamento.
Además, agregó que, trabajando con socios en todo el mundo “no daremos cuartel a los gobiernos y entidades patrocinadas por el estado que buscan evadir nuestras sanciones y regímenes de control de exportaciones al servicio de sus actividades malignas”.
En igual sintonía se expresó el fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia, quien afirmó que la incautación del avión “demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos”.
“Buscaremos enérgicamente evitar que las entidades sancionadas obtengan acceso a artículos fabricados en Estados Unidos o se beneficien de su transferencia ilegal. Trabajando con nuestros socios federales e internacionales, seremos incansables en nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes violen estas sanciones y confiscar activos cuando sea apropiado y legal”, añadió Graves .
Quien también se refirió al hecho fue Matthew S. Axelrod, subsecretario de Control de Exportaciones de la Oficina de Comercio del Departamento de Comercio de EEUU, Industria y Seguridad. “Las acciones coordinadas de hoy tienen como objetivo la transferencia ilegal de un avión de carga iraní a una aerolínea venezolana y la posterior operación de ese avión por parte de la aerolínea en violación de nuestras reglas. Continuaremos tomando medidas de cumplimiento significativas y directas contra las aerolíneas extranjeras que operan aeronaves de origen estadounidense en violación de los controles de exportación de EEUU”, dijo.
En el comunicado se recordó, además, que Mahan Air fue sancionada en 2011 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU «por brindar apoyo material al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF), y Qeshm Fars Air fue sancionada en 2019 por estar controlada por Mahan Air y por brindar apoyo material al IRGC-QF».
El comunicado del departamento de Justicia de Estados Unidos remarca que «el capitán registrado de la aeronave fue identificado como un excomandante del IRGC y accionista y miembro de la junta directiva de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air».
También se señaló allí que «la policía argentina también registró la aeronave y encontró un registro de vuelo de Mahan Air que documentaba los vuelos de la aeronave después de la transferencia ilegal a Emtrasur, incluido un vuelo a Teherán, Irán, en abril de 2022».
Justicia argentina
Durante la investigación local que lleva adelante el juez Villena, se llevaron a cabo 118 medidas de prueba que fueron incorporadas al expediente. Una de ellas implicó el peritaje del teléfono celular del piloto de la aeronave, Gholamreza Ghasemi.
Ghasemi se encuentra imputado por sospechas de vínculo con el terrorismo, ya que los resultados de un peritaje arrojaron la existencia de fotos de tanques, misiles e incluso de algunas banderas con consignas en farsí contra Israel. Además incluye fotos del piloto cuando era joven, caracterizado como miembro de la Guardia Revolucionaria Al Quds iraní.
A raíz de distintas pruebas obtenidas, Villena ordenó este lunes mantener vigente la prohibición para salir del país de siete de los 19 tripulantes, entre ellos, cuatro iraníes y tres venezolanos. Los 12 restantes podrán volver a sus países.
La decisión del magistrado se circunscribe sobre los cuatro iraníes, entre los que se encuentran el piloto Ghasemi junto a Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y los tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras.
“El presente decisorio no tiene por objeto definir el grado de participación en los hechos investigados, por cuanto la instrucción aún no se encuentra finalizada. Por el contrario, únicamente se ha evaluado -tal como fue adelantado- si resulta razonable mantener la medida de prohibición de salida del país dispuesta”, destacó el juez en la resolución.
