El Gobierno amplió la recusación a los jueces de la Corte Suprema en la controversia por los fondos coparticipables redirigidos a la Ciudad de Buenos Aires, en una presentación en la que además pidió que por «decoro» los miembros del tribunal «se excusen de intervenir» en este planteo y que, en cambio, el caso sea resuelto por «conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país».
Con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en esta ampliación de la recusación impulsada en diciembre último el Gobierno incorporó el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Dedicó parte de esta nueva presentación a la filtración de los supuestos chats que se enviaban un estrecho colaborador del titular de la Corte, Silvio Robles, y el exministro porteño Marcelo D´Alessandro.
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«La existencia de ese tipo de vínculos entre un alto funcionario que asiste de manera próxima al Presidente del Tribunal (por Rosatti), y representantes políticos del Gobierno de la CABA -parte demandante en esta causa-, resultaba contraria a la prestación de un buen servicio de administración de justicia», fundamentó la presentación.
La Procuración del Tesoro remarcó también que las comunicaciones entre D´Alessandro y Robles «tomaron estado público» y «dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal» y motivaron el pedido de juicio político en el Parlamento Nacional.
«Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso», insistió el Ejecutivo en alusión a Rosatti.
Controversia por los fondos coparticipables
A finales del año pasado, el presidente Alberto Fernández pidió la recusación de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti y el Gobierno presentó también un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que se destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la CABA.
Si bien la Corte no resolvió la cuestión de fondo en la discusión sobre las partidas coparticipables, avaló de todos modos una medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos establecía que los pagos de ese 2,95% se hicieran «en forma diaria y automática» desde el Banco de la Nación Argentina hacia el Estado porteño.
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El conflicto se originó cuando el presidente Mauricio Macri (2015-2019) elevó en el primer tramo de su mandato la coparticipación de la Ciudad de 1,4% a 3,75%, en una decisión implementada por decreto con el fundamento de que el traspaso a la jurisdicción porteña de una parte de las estructuras de la Policía Federal debía ser acompañado por los recursos para financiarlo. Luego se realizó una corrección tras acordar un Pacto Fiscal con las provincias, y la alícuota destinada a CABA bajó a 3,50%.
En 2020, ya con la gestión del Frente de Todos, el presidente Fernández consideró que los aumentos recibidos por la Ciudad eran inconstitucionales y excedían por lejos los gastos de la Policía de la Ciudad, por lo que retrotrajo el coeficiente de coparticipación porteña a su porcentaje original.
Contra esa medida, Rodríguez Larreta acudió a la Corte por ser de su competencia los conflictos entre provincias y el Gobierno central. En paralelo, el alcalde porteño creó un gravamen de 1,2% sobre las transacciones con tarjetas de crédito con el argumento de que necesitaba compensar la pérdida de ingresos.
Pedido ampliado
Ahora, el Gobierno reiteró su convicción de que los argumentos esgrimidos por la Corte -al hacer lugar a la medida cautelar planteada por CABA- constituyen un «anticipo de definiciones jurisdiccionales sobre el fondo de la cuestión debatida» y que, por ello, el máximo tribunal «no tendrá ya la objetividad necesaria para el ulterior tratamiento del caso».
«Ello sumado a que la decisión cautelar que nos ocupa (que en esencia constituye una sentencia anticipada, y no una medida asegurativa de una eventual sentencia futura favorable a la CABA), fue adoptada sin que concurrieran en el caso los presupuestos de admisibilidad y procedencia consagrados jurisprudencialmente, previstos a la vez en la Ley 26.854 (Ley de Medidas Cautelares aplicable a los procesos en los que es parte el Estado Nacional)», argumentó la Nación.
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Además, el Gobierno presentó en esta ampliación un pedido para que los miembros del alto tribunal «se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional».
En ese sentido, advirtió que «existe un cuadro de situación de gravedad inédita, en el que está bajo severas sospechas el ejercicio de sus cometidos por el máximo tribunal». Por ese motivo, solicitó que se aplique lo establecido legalmente para casos de recusación de integrantes de la Corte Suprema (artículo 19 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 22 del Decreto-Ley 1285/58 ratificado por la Ley 14.467, y normas complementarias).
Este último artículo prevé que en los casos de recusación o excusación de alguno de los miembros de la Corte Suprema, este tribunal será integrado, hasta el número legal para fallar, «mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias».
«Y si la integración no pudiera concretarse de tal modo se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar», puntualizó el Gobierno en el escrito.
Fuente: El Litoral
