El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, hizo lugar a una medida cautelar interina solicitada por Vicentin y ordenó a la AFIP suspender el cobro de un anticipo del impuesto a las supuestas ganancias de la empresa en 2024. Además ordenó al organismo que dirige Carlos Castagneto que se abstenga de «trabar medidas cautelares contra el patrimonio de la actora y/o adoptar cualquier medida o acción tendiente al cobro compulsivo del citado pago a cuenta».
El 20 de Julio pasado, la AFIP dispuso por Resolución General 5391/2023, un pago a cuenta de Ganancias sobre grandes contribuyentes. Estanislao Bougain, director independiente de la firma concursada, comentó a El Litoral que «planteamos que como hay pérdidas anteriores y en el ejercicio, no tenemos que pagar».
Mientras el organismo fiscal continuó sin escuchar argumentos en el marco administrativo, la empresa fue al juzgado federal de Resistencia y le pidió al magistrado, Ricardo Mianovich, que la ampare. Su rechazo precipitó la apelación empresaria ante la cámara federal con asiento en la capital chaqueña, que podría expedirse en 15 días más.
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Hasta entonces la AFIP no podrá proceder en su pretensión, tal como lo ordenó el juez de Reconquista. Si la Cámara falla en contra, la empresa seguirá apelando pero la Afip podría proceder en el cobro del anticipo.
«Vicentin en 2023 pierde plata como todas las empresas del sector agroindustrial, que no tuvieron semillas», reseñó Bougain. «Tampoco vamos a ganar el año próximo porque los contratos definitivos dicen que vamos a trabajar al costo» en el marco del concurso y para pagar a los acreedores, si es que finalmente el juez Fabián Lorenzini homologa el acuerdo alcanzado por la empresa a tal fin.
Cabe señalar que en los últimos días unos 240 empleados de Vicentin le habían solicitado al juez de Resistencia que hiciera lugar a la cautelar, en la convicción de que un embargo en las cuentas les impediría cobrar sus haberes como habitualmente lo vienen haciendo.
¿Cuándo decide Lorenzini?
Mientras tanto, en el ámbito empresario y laboral del norte santafesino -y de Rosario- se espera que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, termine de resolver si homologa el acuerdo alcanzado entre la empresa y los acreedores.
El juez de Primera Instancia de Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, comunicó formalmente a las partes a mediados de abril de este año, la «existencia de acuerdo» en los términos requeridos por la ley de Concursos y Quiebras.
El magistrado recibió en las últimas horas un dictamen que le había requerido a Alicia Mudryk para que analizara la propuesta de pago. La fiscal extrapenal balanceó su opinión y reconoció la necesidad de «no lesionar intereses públicos legítimos como por ejemplo lo es el caso del capital crediticio del Banco de la Nación Argentina, que conforme a lo informado por el interventor resultaría severamente restringido en un alto porcentaje», tal como lo advirtieran en su momento dos jueces de la Corte, Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta, quienes sin embargo no hallaron motivo para retener el expediente concursal.
Pero Mudryk también reconoce que «ante un eventual escenario negativo de la concursada, sin dudas se afectaría gravemente el contexto social económico de todo nuestro norte provincial, tanto sea por la expectativa de cobro de los productores, de los trabajadores de la empresa y sus familias y todos aquellos que tercerizadamente contribuyen al desarrollo de Vicentin: pequeñas Pymes, prestadores de oficios y servidores».
La fiscal sugiere una «tercera vía» aunque reconoce la amplitud del acuerdo alcanzado entre Vicentin y los acreedores, más allá de los límites mínimos requeridos por la ley de Concursos y Quiebras.
La situación de Friar
El abogado especialista en derecho corporativo, Lisandro Hadad, calificó como «inexplicable» el » rechazo del juez concursal al acuerdo propuesto por Vicentin con la empresa Friar, conforme el cual esta se compromete a abonar U$S 13.000.000 en un plazo de 7 años».
«El acuerdo propuesto implica para Vicentin la consolidación de un crédito hoy no consolidado, su afianzamiento en una moneda estable como el dólar (hoy la deuda está compuesta también en pesos argentinos), y un flujo de fondos mensual de 125.000 dólares a fin de hacer frente al pago de su concurso, garantizado además con una hipoteca sobre el inmueble donde Friar S.A. posee su frigorífico en Nelson», opinó el especialista en derecho corporativo de la Universidad Nacional de Rosario.
Al referir a la decisión de Lorenzini, señala que «funda su rechazo en la situación crítica de la ‘caja’, la insuficiencia de la tasa de interés pactada, y la falta de exploración a una posible dación en pago de inmuebles por parte de Friar, como si ello fuera una decisión unilateral de Vicentin y en total contradicción con la situación crítica de la caja».
Tras cuestionar que Vicentn agravaría su situación de caja si se la obliga a abonar US$390 mil en concepto de tasa de justicia, para un pleito que «puede llevar años», Hadad advierte que después de eso «el deudor puede presentar su concurso preventivo, postergando nuevamente el cobro y ahora tal vez, con quita y más espera. Para ello, es que Vicentin logró respaldar la deuda con una garantía hipotecaria protegiendo su crédito con un privilegio que ahora no tiene».
«El inicio de las acciones tendientes al recupero compulsivo de las cuentas por cobrar ordenado por la justicia concursal, ciertamente no es la mejor opción para mejorar la situación crítica de la ‘caja’; es más, es totalmente lo contrario», expone.
Tras señalar que no se puede especular con la venta de un inmueble en un mercado deprimido y con la macroeconomía incierta del país, Hadad concluye que «judicializar la gestión empresaria puede acarrear consecuencias irreparables para la empresa que hay que evitar a fin de mantener las fuentes de trabajo».
Fuente: El Litoral
