Mariana Ortigala recibió un segundo revés judicial en este mes luego de que este viernes se conociera que el juez federal Carlos Vera Barros la procesó por subalquilar una vivienda a un convicto en una causa que investiga a una banda dedicada al narcomenudeo en el centro y macrocentro de la ciudad. La mujer, quien fue testigo protegida de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en el juicio que le valió una condena a perpetua al capo narco Esteban Alvarado, también está imputada con prisión efectiva desde la semana pasada en el fuero ordinario por estar sospechada de participar en las extorsiones al dueño de agencias de lotería y de ser testaferro del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. Los indicios recolectados por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno en esta acusación generaron un escándalo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), tras presentar una denuncia contra su par Edery por su vínculo con Ortigala, lo que derivó en que los tres fiscales terminaran apartados de dichas causas.
Vera Barros procesó a Mariana Ortigala por facilitamiento de un lugar para que concurran personas que cometen delitos relacionados al comercio de estupefacientes (artículo 10 de la ley de drogas 23.737) y le trabó un embargo por 100 mil pesos.
El magistrado dictó esta resolución contra la corredora inmobiliaria en el marco de una investigación que empezó en 2019 y está a cargo del titular de la Fiscalía federal 2 de Rosario, Claudio Kishimoto junto al fiscal auxiliar Franco Benetti, sobre una banda dedicada a una banda, integrada por al menos siete miembros, que se dedicaba a la venta de drogas al menudeo en la ciudad.
Indagaron a Mariana Ortigala en una causa federal acusada de subalquilar viviendas a Los MonosDe acuerdo a la acusación de los fiscales, la vinculación de Ortigala surgió luego del allanamiento que las fuerzas federales hicieron el 4 de agosto de 2021 en una vivienda de avenida Francia 855 donde fueron a buscar sin éxito a uno de los sospechoso, identificado como Alan Coronel, quien ya había sido condenado en la causa Los Patrones donde Guille y gran parte de la banda también recibieron penas en 2018.
En el domicilio no sólo encontraron estupefacientes sino que, de acuerdo con la acusación, la Fiscalía determinó que Ortigala era quien figuraba como inquilina desde 2019 y que luego lo subalquiló –sin autorización de la propietaria– a Coronel para que su identidad no quedara registrada en ningún lado.
El inquilino de Ortigala
Coronel, de 32 años, estuvo relacionado al narcomenudeo desde hace más de una década cuando en septiembre de 2012 le incautaron 50 bochitas de cocaína en un pasillo de Pasco al 100 bis, en una causa que se anexó a Los Patrones y que le valió una condena a tres años de prisión condicional.
En noviembre de 2019 quedó involucrado en esta investigación de Kishimoto y Bennetti que tuvo su origen tras una denuncia anónima en un Buzón de la Vida que señalaba a una persona con residencia en barrio Luis Agote que trabajaba de cadete para camuflar la venta de estupefacientes al menudeo.
La pesquisa de la Fiscalía Federal 2 determinó que los encargados del delivery de drogas era un grupo de jóvenes de clase media alta que operaban en el centro y macrocentro de Rosario, de acuerdo a lo que contaron investigadores en agosto de 2021 tras los 13 allanamientos que dieron a conocer la causa por la que ahora Ortigala fue procesada y en la que hay otras siete personas a la espera de juicio oral.
Luego de seguimientos y medidas, las fuerzas federales identificaron a Coronel como quien habitaba el domicilio de avenida Francia al 800 pero en el operativo donde incautaron drogas no lo hallaron. La Fiscalía le dictó la captura y se mantuvo prófugo por dos años hasta el 2 de agosto pasado cuando lo apresaron al volante de una Renault Duster en Paraguay y Cuzco, de barrio Hospitales. Coronel fue procesado junto a los otros seis integrantes de la banda y esperan el juicio oral.
Subalquilar a narcos
En sus fundamentos para solicitar el procesamiento, los fiscales Kishimoto y Benetti remarcaron que la maniobra de Ortigala para procurar el anonimato de Coronel, no fue la única que hizo.
Para la acusación, el subalquiler a personas ligadas al narcomenudeo y relacionadas directamente con Los Monos era metódica, se repetía en el tiempo y tampoco era aislada. “Se advierte que podría ser algo habitual en tanto ha sido observado en al menos otras dos oportunidades”, indicaron en el pedido a indagatoria para recordar que en febrero de 2017, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó un departamento de Montevideo al 3700 y un domicilio de Marcos Paz al 6100 en el marco de la causa contra el clan Insaurralde que arrojó unos cien kilos de cocaína y marihuana secuestrados. Por esos días, la propia Ortigala, que administraba esas propiedades, se presentó ante la Justicia para deslindar su responsabilidad y aseguró ser sólo una “intermediaria”.
Lo mismo pasó el 5 de noviembre de 2019 cuando los pesquisas de las fuerzas federales hicieron un procedimiento en una vivienda de Castellanos al 900 cuyo contrato de alquiler estaba a nombre de Iván Gastón “Loro” Ramírez. En la vivienda, secuestraron más de 8 kilos de cocaína, unos 2 millones de pesos y 110 mil dólares.
Luego se conocería que en realidad, quien habitaba esa casa era Rodolfo “Eri” Masini considerado como un importante proveedor de cocaína. Tanto Ramírez como Masini fueron condenados a 11 y 8 años y medio, respectivamente, en una causa en la que también fue penado el piloto comercial Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon.
El 13 de noviembre de ese año, fue Mariana Ortigala, quien se presentó con el contrato de alquiler. “Soy corredora inmobiliaria y me dedico a alquilar viviendas”, se excusó en dicha oportunidad y fue ocasión para que los fiscales consideraran que en esa ocasión fue más allá, debido a que intentó desligar responsabilidades a Masini para achacarlas a Ramírez que era un eslabón inferior.
“Estos dos antecedentes demuestran que habitualmente la señora Ortigala se ha dedicado a conseguir inmuebles para personas ligadas al narcotráfico en pos de asegurarles anonimato para que en los mismos se lleven adelante situaciones de tráfico de estupefacientes, lo que necesariamente debe ser tenido en cuenta como prueba del dolo de facilitación de la misma en el caso que nos ocupa”, señalaron en el pedido de acusación.
Causa provincial y escándalo en la MPA
Todas estas maniobras que ahora imputan los fiscales federales se dieron en un contexto de suma exposición de Mariana Ortigala y de su hermano Rodrigo, ya que por el 2020 se conocía que eran los testigos protegidos de los fiscales provinciales Edery y Schiappa Pietra en la causa contra el capo narco Esteban Alvarado, que empezó en noviembre de 2018 con el secuestro seguido de muerte del prestamista Lucio Maldonado.
Los hermanos contaron en el debate que tuvieron vínculo con Alvarado hasta 2012 cuando Rodrigo tuvo una relación con la ex esposa y que desde ese momento fueron blanco de tentativas de homicidios. La más conocida la cometieron tiratiros en marzo de 2020 cuando dispararon 35 veces contra Mariana frente a su casa de Roldán y se salvó de milagro. Luego pasaron a relacionarse con el clan Cantero, archirivales de Alvarado.
“En la Fiscalía lo que pudimos determinar es que advertimos un vínculo muy cercano entre Ortigala y (Guille) Cantero. Hay que recordar que era testigo protegida desde 2019 y en diferentes instancias judiciales se dijo que «se pasó de banda» y precisamente en este período de tiempo que se la incluyo en el programa de protección a testigos y desde que el fiscal Edery informa que la incluyó como informante –en 2021– en el ámbito de la agencia es que en este periodo de tiempo se hizo multimillonaria. Por eso creemos que no es una testigo protegida sino una narcoprotegida”, dijo hace una semana el fiscal Socca tras la audiencia donde la mujer quedó imputada por ser testaferro de unas14 propiedades del líder de Los Monos y por las extorsiones que sufrió el dueño de agencias de loterías por parte de una asociación ilícita que cuenta con nueve integrantes.
Socca y Moreno presentaron una denuncia contra Edery por la presunta comisión de delitos contra la acción pública mientras que el abogado de Ortigala dijo que haría lo mismo con los dos primeros por exponerla.
Las acusaciones cruzadas en el MPA de Rosario siguieron esta semana y llevó a la Fiscal General, María Cecilia Vranicich a correr al fiscal Edery de todas las investigaciones vinculadas a Ortigala, pero a la vez tuvieron la misma suerte Socca y Moreno: fueron apartados por “falta de objetividad” de las causas referidas, pese que no hay denuncia penal contra ellos.
Además, monitorearán por 90 días la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, la Unidad fiscal de Balaceras y de Homicidios Dolosos, donde prestan servicios los fiscales involucrados.
Fuente: El Ciudadano
