El juicio contra el futbolista Dani Alves, acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022, comenzó este lunes a las 10:32 horas con el trámite de cuestiones previas de acusaciones y defensas.
El exjugador del FC Barcelona se sienta desde este lunes en el banquillo de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, que ha reservado tres días -hasta el miércoles- para juzgar al futbolista, para quien la Fiscalía pide nueve años de prisión y 12 la acusación particular ejercida por la víctima.
La primera sesión del juicio se ha iniciado con el trámite de alegaciones previas, que permite que acusaciones y defensas planteen ante el tribunal las alegaciones y peticiones de última hora que consideren oportunas, desde el orden de las declaraciones hasta las peticiones de nulidad del proceso de instrucción.
Alves lleva en prisión preventiva desde el 20 de enero de 2023, cuando los Mossos d’Esquadra lo detuvieron en el despacho de su abogada después de que una joven de 23 años le denunciara por violarla la noche del 30 de diciembre de 2022.
El futbolista ha sido trasladado desde prisión en un furgón policial y ha permanecido en los calabozos de la Audiencia hasta que agentes de los Mossos le han llevado a la sala a la que se celebra el juicio.
En su camino a la sala de vista, los agentes de la Audiencia de Barcelona han conducido al futbolista por conductos no habituales -no por el trayecto por el que suelen llevar al resto de presos-, con lo que Alves ha evitado pasar frente a los numerosos periodistas que, tras un cordón de seguridad, aguardaban su llegada a la sala de vistas.
Asimismo, varias agentes de la Unidad Central contra las Agresiones Sexuales de los Mossos d’Esquadra se han encargado del acompañamiento de la víctima -que declarará a puerta cerrada y la grabación se guardará con su imagen pixelada y voz distorsionada– y de las dos amigas que iban con ella la noche que estuvo en la discoteca Sutton, quienes está previsto que declaren en el juicio como testigos.
Mientras la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para el internacional brasileño y el pago de una indemnización de 150.000 euros, la acusación particular ejercida por la víctima -con la abogada Ester Garcia- eleva su petición a 12 años de prisión, la máxima por un delito de agresión sexual.
La defensa, ejercida por las letradas Inés Guardiola y Miraida Puente Wilson, pide la absolución de Alves aduciendo que no hubo violación y que la relación sexual con la denunciante fue consentida, aunque plantea atenuantes para amortiguar la pena en caso de una eventual condena: embriaguez y reparación del daño por haber pagado los 150.000 euros que la jueza le impuso como fianza para cubrir una posible indemnización a la víctima.
“Juicio paralelo” y “Condena social”
Inés Guardiola, abogada del futbolista, ha pedido que anule la causa por agresión sexual, al concluir que se han vulnerado sus derechos porque fue investigado durante un mes «a sus espaldas» y ha soportado el «juicio paralelo» de la opinión pública.
En el trámite de cuestiones previas que ha dado inicio al juicio, la defensa de Alves ha centrado sus alegaciones en detallar la retahíla de derechos fundamentales que considera han sido vulnerados en el caso, entre ellos a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías.
«Nunca tuvo oportunidad de defenderse de manera efectiva durante la instrucción», ha destacado la letrada, que también ha denunciado que no se autorizó un segundo reconocimiento médico de la víctima, como habían solicitado.
La abogada ha insistido que en este caso se ha vulnerado la presunción de inocencia de Alves porque ha sido sometido a un «juicio paralelo», mediante una «campaña mediática» y un «sometimiento tendencioso», con un goteo «constante e incesante» de informaciones para presentarle como un «agresor sexual», provocando el «convencimiento social» de que es culpable.
Ese juicio paralelo incluye las presunciones sobre su capacidad financiera, que según la abogada no es tan holgada como proclama la prensa sino que, al contrario, Alves sufre una «ahogada situación económica»: tiene una deuda de medio millón de euros con Hacienda, un embargo de 150.000 y su saldo bancario es de 70.000 euros.
Guardiola ha apuntado también que la jueza instructora se ha visto «contaminada» por los medios de comunicación y se ha producido una «flagrante» vulneración de los derechos de defensa, por lo que cree que Alves no ha tenido un proceso «justo» ni «con todas las garantías».
