La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó seguir investigando por qué el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner demoró la adquisición de la vacuna Pfizer durante la pandemia del coronavirus. La orden tuvo lugar al revocar un fallo del juez federal Ariel Lijo, quien a fin de año pasado había desestimado las denuncias.
Los jueces de la Sala I de la Cámara, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, argumentaron que todavía existen interrogantes sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado argentino y la firma Pfizer que no fueron debidamente analizadas en el curso de la investigación. Las dudas toman mayor tamaño si se compara este vinculo con el acercamiento a otros laboratorios que estaban desarrollando las vacunas.
La investigación judicial tiene lugar a partir de dos denuncias presentadas en 2021: una de un grupo de diputados nacionales de la oposición para que se investigue por qué el gobierno no había comprado la vacuna, y otra iniciada por familiares de cuatro personas que fallecieron por COVID-19.
En plena crisis por el coronavirus, la demora de Argentina en comprar vacunas generó debate público y suspicacias. Mientras otros países de la región accedieron antes a las dosis de Pfizer, Alberto Fernández priorizó el plan de inmunización con la vacuna Sputnik, desarrollada en Rusia. En el medio, hubo sospechas de pedido de coimas. Luego de idas y vueltas, las vacunas del laboratorio norteamericano llegaron en septiembre de 2021.
Una causa archivada, ahora reactivada
El juez Ariel Lijo había archivado las denuncias al concluir que no había elementos de prueba para avanzar en una imputación. Según el magistrado, no “constituye maniobra ilícita alguna negociar y gestionar con otros laboratorios a la par que determinadas negociaciones – como por ejemplo con Pfizer – no resultaban fructíferas en los primeros meses de negociación”.
Esta resolución fue apelada por el fiscal federal Carlos Stornelli porque señaló que faltaban varias de las medidas de prueba que había propuesto, y alegó que pudo haber existido una voluntad gubernamental por avanzar en las negociaciones con otros laboratorios en detrimento de la adquisición de las vacunas de Pfizer.
La Cámara Federal dio la razón a la Fiscalía Federal, y ordenó “la realización de las correspondientes medidas probatorias que diluciden estos interrogantes” ya que “los elementos de convicción hasta aquí colectados resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo que permita solventar la decisión adoptada”-
Fuente: Infobae
