El Concejo Municipal creo este jueves el Sistema de Bicicletas Públicas (SBP). El mismo, formará parte del Subsistema de Transporte Público (integrados por colectivos urbanos, taxis y remises) que estará bajo la órbita de la Dirección de Movilidad.
La norma, impulsada por el oficialismo y aprobada por la mayoría (hubo abstenciones en general y en particular) le da un marco legal y normativo al nuevo sistema.
La misma, le permitirá al municipio gestionar su funcionamiento «por sí o concesionarlo a terceros mediante el procedimiento de licitación pública, en cuyo caso se enviarán los pliegos al Honorable Concejo Municipal».
Podrán ser utilizadas por todas aquellas personas que se registren como usuarias del sistema y que cumplan con los requisitos y las obligaciones que se definan en la reglamentación.
El ejecutivo deberá también definir las condiciones de uso, vinculadas por ejemplo a las formas de extracción y devolución de las unidades, ya que habrá «biciestaciones» para el anclaje y desanclaje de las unidades.
También establecerá el tipo de suscripción (viaje único, diario, mensual o anual) horarios y días de funcionamiento. También deberá garantizar una distribución equilibraba de los rodados entre las diferentes biciestaciones.
Su implementación será «progresiva» y tendrá un área de operación que será determinada por el ejecutivo, «priorizando zonas con accesibilidad a la red de vías seguras ciclistas existente y contemplando criterios de integración modal. Dichos lugares de emplazamiento deberán ser georreferenciados e informados a las personas usuarias».
Cabe recordar que el Ejecutivo destinó 63 millones de pesos para la compra de 130 bicicletas e insumos vinculados a la tecnología y segiridad del sistema
Costos y medios de pago
Con respecto al costo que tendrá, la norma indica que la escala de valores «será establecida por el Departamento Ejecutivo según el tipo de suscripción, con base en el valor de la tarifa vigente para el Sistema de Transporte Público de Pasajeros por Colectivos, pudiendo haber beneficios».
Define que el Departamento Ejecutivo Municipal «determinará los medios de pagos a implementar en el SBP (Sistema de Bicicletas Públicas) promoviendo criterios de agilidad, seguridad y accesibilidad».
En ese sentido, indica que «podrá realizar gestiones ante las autoridades correspondientes para articular con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y/u otras alternativas que tiendan a la uniformidad en el pago de los diversos subsistemas de movilidad de la ciudad».
Sobre el financiamiento, sostenimiento y seguridad del sistema
La ordenanza sancionada señala que el sistema «se financiará con lo recaudado por las suscripciones y con las partidas presupuestarias que le fueran asignadas».
Por otro lado, permite que el municipio «acepte donaciones efectuadas con destino al sistema, priorizando el Régimen de Responsabilidad Social Empresaria».
Con relación al equipamiento e infraestructura, las unidades tendrán «componentes antivandálicos, sistema de identificación y geolocalización».
Las biciestaciones serán bicicleteros fijos, junto a un tótem que identifica la estación y posee información sobre la ubicación de otras estaciones y el uso del sistema».
Con relación al sistema de anclaje de las unidades, el mismo será automatizado, con bloqueo y desbloqueo de unidades de bicicletas.
En tanto, el municipio contará con una aplicación web que garantizará como mínimo la visualización, gestión y monitoreo del SBP desde los centros de operaciones y una aplicación móvil que permitirá a las personas usuarias suscribirse e interactuar con los diferentes componentes del SBP.
Roturas, pérdidas, multas e infracciones
Los usuarios, como así también los tutores o representantes legales en caso de menores de edad, serán responsables por «la pérdida o daños que ocasione en los elementos de la bicicleta y/o biciestaciones durante el tiempo en el que se encuentre bajo su custodia o haciendo uso del SBP».
En caso de no efectuar la devolución de la bicicleta, deberán afrontar el pago del valor correspondiente para la reposición de la unidad. Tal valor será fijado por la autoridad de aplicación.
La ordenanza también prevé que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda «disponer que cada unidad cuente con un seguro de responsabilidad civil durante el período en que se encuentre en funcionamiento».
La norma establece infracciones «leves, graves y muy graves» con multas de hasta 500 UF (Unidades Fijas) y bloqueo del usuario por un período de hasta 36 meses.”
