Fuera de agenda, el primer mandatario de la República brindó un anuncio en la sala de conferencias de la sede del Poder Ejecutivo Nacional ante los graves hechos de violencia en las calles e instituciones de la provincia de Jujuy tras las reformas a la constitución de ese distrito, que impulsó el gobernador Gerardo Morales.
Alberto Fernández ordenó al ministerio de Justicia de la Nación que investigue la legalidad de la reforma constituyente jujeña, especialmente en los artículos referidos al litio, tierras reclamadas por comunidades originarias y el control de las protestas. Cambios que podrían superponerse con facultades naciones y tratados internacionales, con rango constitucional. Como primera medida en ese camino, también ordenó al secretario de DDHH de la Nación – Horacio Pietragalla – que regrese a Jujuy para monitorear la situación de los detenidos y la recuperación de los heridos.
Fuentes del entorno reconocieron a este medio que, de momento, no hubo llamadas entre Morales y el presidente, como así tampoco con el ministro del Interior, Wado de Pedro. Públicamente, el jefe de Estado le habló directamente al mandatario provincial en su discurso: «insto una vez más y de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide solo este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal».
En clave electoral, también le pidió a Morales «que no utilice al pueblo jujeño como el banco de pruebas de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante”. Finalmente dijo que está a disposición del gobierno jujeño, «siempre que convoque al diálogo».
Sobre lo ocurrido el fin de semana, el presidente dijo que «los hechos de represión y violencia estatal sucedidos son inadmisibles en nuestra vida democrática», para destacar que «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy»
Autoridades de presidencia confiaron a El Litoral que, si se mantiene el mismo cuadro de situación, el presidente no impulsará en el Congreso de la Nación el proceso de intervención judicial. Por otra parte, el oficialismo acepta que los gobernadores de las demás provincias trabarían en el senado un proyecto de esas características. En su exposición pública, Fernández aseguró que «de no cesar los hechos de represión iniciaré las acciones judiciales y legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos en la provincia de Jujuy».
Funcionarios ligados a Alberto Fernández, que también es el presidente del Partido Justicialista, adelantaron que – una vez que se estabilice la situación política y social de Jujuy en general – analizarán seriamente la posibilidad de intervenir el PJ jujeño, con cuyo titular – Rubén Rivarola – están enfrentados y sin diálogo.
Fuente: El Litoral
