La Cámara Federal ordenó un cambio de competencia
La Cámara Federal porteña definió que la causa que investiga a presuntos testaferros vinculados a Claudio “Chiqui” Tapia será tramitada por la Justicia en lo Penal y Económico. La decisión se tomó luego de un planteo presentado por el juez Daniel Rafecas, quien había intervenido en la etapa inicial de la investigación.
El expediente apunta a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de adquirir un inmueble en Pilar mediante la firma Real Central S.R.L. sin contar con respaldo económico suficiente para justificar la operación. Para la Cámara, los hechos denunciados se encuadran en el delito de lavado de activos, pero su tratamiento corresponde al fuero penal económico, especializado en ilícitos que afectan el orden financiero.
El planteo de Rafecas y el conflicto entre fueros
Rafecas se declaró incompetente al entender que la causa debía seguir en el fuero Penal Económico. Sin embargo, cuando el expediente llegó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, la magistrada subrogante rechazó asumir la causa, lo que generó un conflicto de competencia.
El camarista Leopoldo Bruglia, encargado de resolver la situación, determinó en un fallo unipersonal que no existen elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal y correccional federal, por lo que corresponde que la pesquisa continúe en la órbita penal económica.
Qué deberá analizar ahora el juzgado que retome la causa
La resolución también indica que el próximo juzgado deberá examinar la competencia territorial, conforme al artículo 39 del Código Procesal Penal, debido a la localización del inmueble presuntamente adquirido sin sustento financiero.
Según la Cámara, este análisis será clave para establecer qué tribunal deberá llevar adelante las próximas medidas de investigación.
