El cierre definitivo de Fate generó fuerte impacto laboral y político. Desde el entorno del presidente Javier Milei señalaron que la crisis de la empresa “no es nueva” y atribuyeron el desenlace a conflictos sindicales y a un marco laboral que calificaron como “arcaico”.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación virtual entre la compañía y el gremio para intentar encauzar la situación, aunque fuentes oficiales anticiparon que la probabilidad de revertir el cierre es mínima, dado que la empresa comunicó su decisión de cesar la producción y abonar el 100% de las indemnizaciones.
Más de 900 despidos y conciliación con pocas expectativas
El cierre deja alrededor de 920 trabajadores sin empleo. En la Casa Rosada sostienen que la compañía atravesaba desde 2019 un proceso de crisis y que durante más de un año no otorgó aumentos salariales.
Desde el Ejecutivo se cuestionó al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino y a su secretario general Alejandro Crespo, a quienes vincularon con sectores de izquierda y responsabilizaron por haber llevado la situación a un escenario “terminal”.
Debate por leyes laborales y modernización
Funcionarios nacionales remarcaron que la situación refleja la necesidad de avanzar con reformas laborales impulsadas por el Gobierno. El ministro Luis Caputo había señalado días atrás que la iniciativa busca “generar empleo formal y combatir el trabajo en negro”.
En ese marco, el oficialismo volvió a apuntar contra el marco regulatorio vigente y defendió la apertura económica como mecanismo para mejorar la competitividad empresarial.
El factor importaciones y la posición de la empresa
En contraste, en el comunicado oficial la empresa mencionó los cambios en el mercado y el nuevo contexto comercial como parte del escenario que motivó la decisión. El sector enfrenta además la competencia de neumáticos importados, especialmente desde Asia, situación que también afecta a otras compañías del rubro.
Pese a la convocatoria oficial, el Gobierno considera que el proceso seguirá el protocolo de cierre y pago de indemnizaciones, por lo que la audiencia tendrá un carácter más administrativo que resolutivo.
