Culminó el juicio a la organización criminal liderada por el jefe narco que cometió homicidios, intimidaciones y lavado de activos en Rosario
El juicio al narco Esteban Lindor Alvarado y parte de su banda llegó a su fin tras cuatro meses de debate oral en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Para el jefe organización recayó la pena de prisión perpetua, lo mismo que para cuatro integrantes del grupo. Otras dos personas fueron condenadas a 8 y 6 años de prisión por lavado de dinero. El juicio expuso cómo esta banda narco creció con el apoyo estatal por acción u omisión.
Después de cuatro meses de audiencias en el Centro de Justicia Penal -custodiado por personal de fuerzas de seguridad-, este viernes por la mañana culminó el juicio a Alvarado y parte de su banda. La lectura del fallo, a cargo del tribunal compuesto por los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela, fue pasada las 10 y sentenció al jefe del grupo a la pena máxima. Lo mismo ocurrió con otros cuatro imputados: Mauricio Jesús Laferrara, Facundo «Lapo» Almada, Matías «Negro» Ávila y Germán Fernández. A Miguel Greci Hazzi lo condenaron a 4 años y 8 meses de cárcel y a Damiana Ghirardi a 3 años de prisión condicional.
Alvarado fue señalado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra como jefe de la organización. El tribunal lo condenó a prisión perpetua por el crimen del prestamista Lucio Maldonado, al considerarlo instigador de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido premeditado. También lo condenaron como instigador de amenazas coactivas calificadas por cuatro hechos: el envío de una cabeza de perro a Marina Marsilli, funcionaria del Ministerio Público de la Acusación; la orden de balear la casa de la misma persona; y los ataques a tiros contra edificios judiciales. Además se lo consideró jefe de la asociación ilícita desde la cual también incurrió en el delito de lavado de activos agravado en cinco hechos. Además de la condena recayó sobre Alvarado una multa de más de 316 millones de pesos.
A Mauricio Laferrara, señalado como sicario de Alvarado, también lo condenaron a prisión perpetua. Lo consideraron coautor del homicidio de Maldonado, agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido premeditado; por el homicidio simple de Cristian Enrique y por ser parte de la asociación ilícita. Por el crimen de Maldonado también fueron condenados a perpetua Facundo Almada, Matías Ávila y Germán Fernández.
En tanto también hubo condena para las dos personas acusadas de lavado de activos. Para Miguel Greci Hazzi, quien hacía construcciones y reformas para la banda de Alvarado, la pena es de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por ser miembro de la asociación ilícita y por dos hechos de lavado de activos agravado, a la vez que se lo multó con 76 mil 500 millones de pesos. A Damiana Ghirardi la condenaron a 3 años de prisión condicional por un hecho de lavado de activos y deberá pagar una multa de 46 millones de pesos.
Más allá de los hechos puntuales que se expusieron durante el debate, el juicio a la banda de Alvarado dejó entrever cómo creció el grupo criminal. En los alegatos de cierre los fiscales indicaron que «la organización es una estructura de poder que creció gracias a los resquicios de legalidad que dejó el Estado y contó con el apoyo de funcionarios por acción u omisión».
Empresarios, funcionarios y policías
Una base de la investigación que condujo a este juicio es la identificación que hicieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre los tres estamentos de la banda liderada por Esteban Alvarado. Uno de ellos era la pata violenta, con acceso a vehículos y armas de fuego, que cometía delitos como robos, usurpaciones, amenazas, balaceras y homicidios.
El otro grupo, por el cual ya hubo condenados en procedimientos anteriores, es el estamento conformado por funcionarios y policías que para los fiscales permitió a la banda lograr impunidad desviando información, plantando evidencias y pistas falsas en investigaciones.
En tanto el estamento restante es el conformado por un grupo de personas -siete ya condenadas- que administraban, organizaban y gestionaban el funcionamiento de un entramado de firmas comerciales: las sociedad de responsabilidad limitada (SRL) Toia, Edra, Logística Santino, cuatro empresas unipersonales inscriptas en rubros de servicio, transporte o concesionarias de ventas de autos. Gran parte del funcionamiento de ese esquema fue ventilado a partir del hallazgo de la carpeta en Los Muchachos.
