Los principales implicados son vecinos de Villa Gobernador Gálvez y Alvarez. También hubo otros tres apresados, que formaban parte de una organización delictiva dedicada al contrabando y el lavado de activos.
Tres empresarios, uno de ellos con domicilio en la localidad de Álvarez y los dos restantes en Villa Gobernador Gálvez, fueron detenidos este viernes en un operativo que se desplegó en 34 allanamientos llevados adelante por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo la conducción de la fiscal federal Adriana Saccone y la tutela del juez federal Carlos Vera Barros en el marco de una causa que investiga una asociación ilícita polirrubro que abarcaba la comercialización de drogas, la falsificación de documentos públicos y el contrabando de ropa con el consecuente lavado de dinero. En ese sentido, dice el requerimiento fiscal, “se estaría ante una asociación que en forma organizada y permanente tendría por destino la comisión continuada de hechos ilícitos de lavado de activos en la que los distintos investigados cumplirían diversos roles y que detenta un muy importante poderío económico”.
Los dos empresarios bajo la lupa fueron identificados como Norberto Carlos D. y Matías M., tienen empresas de transporte con camiones: una ubicada en Villa Gobernador Gálvez y la otra con sedes en la localidad de Álvarez (en el departamento Rosario) y Las Lajitas (en la provincia de Salta), donde también se realizaron procedimientos. Como resultado de los procedimientos, donde también intervino personal especializado de la Dirección Regional Rosario de la AFIP-DGI, los oficiales de la PSA detuvieron este viernes a cuatro varones y una mujer, y secuestraron 5.139.599 de pesos, 2.068.785 millones de dólares, e incautaron 16 autos, tres camionetas, tres motos, tres cuatriciclos y una lancha, 11 gramos de clorhidrato de cocaína, un arma de fuego y municiones, 78 teléfonos celulares, 24 CPU, 14 notebook, dispositivos electrónicos varios y documentación de interés para la causa en marcha.
El principal investigado es Norberto Carlos D., y de él las fuentes dijeron que “se desempeñaba como negociador para adquirir elementos de contrabando que luego eran comercializados por el clan empleando una empresa de logística para realizar los traslados desde el norte del país”. En ese marco, en octubre de 2019 la PSA requisó un camión de dicha empresa y allanó un domicilio ubicado en la localidad de Gran Guardia, en la provincia de Formosa, donde detuvo a una persona y secuestró 59.950 paquetes de cigarrillos de origen paraguayo entre otros elementos de prueba.
Esa intervención permitió conocer que la organización se dedicaba también al contrabando de cigarrillos ingresados al país de manera ilegal desde la República del Paraguay y avanzó con la identificación de propiedades y medios de movilidad (vehículos en su mayoría de alta gama) que condujeron a la posible existencia de un testaferro, por lo cual la Justicia incluyó el delito de lavado de activos.
Así las cosas, por orden judicial el año pasado se produjo un desprendimiento de la causa inicial con el fin de profundizar la investigación sobre los movimientos de inversiones en grandes cantidades de suma de dinero (construcciones en el exterior, compra de vehículos, propiedades, locales de ropa y moneda extranjera). Mediante diversas tareas policiales, se pudo determinar que el principal investigado tenía relación con dos mujeres que tenían locales de indumentaria en la ciudad de Rosario; y con dos varones que gestionan locales de ropa y se dedican a la compra-venta de divisas.
A su vez, se estableció que el hombre viajó en diversas ocasiones a la provincia de Salta (más precisamente a la localidad fronteriza de Salvador Mazza) junto a un testaferro y un socio; y a Buenos Aires con el dueño de la empresa de logística, Matías M., quien aportaba los camiones para el transporte de la mercadería. Por este motivo se realizaron tareas en la provincia de Salta donde se identificaron dos locales de distribuidoras de bebidas a nombre del mismo dueño de la empresa de logística.
En este marco, la fiscal Saccone expresó en su pedido de allanamientos que sobre las personas investigadas “podría albergarse alguna duda respecto de su situación patrimonial” y que, además, “la inconsistencia patrimonial (de algunos de los sospechosos) constituye tan sólo uno de los indicadores más frecuentes del lavado de activos, por lo que debe realizarse un análisis en forma conjunta de las circunstancias” que enmarcan la pesquisa.
También sostuvo que “se realizó un detalle pormenorizado de las inconsistencias patrimoniales que surgen de los informes técnicos elaborados por la PROCELAC y la División Apoyo Técnico Profesional de Prefectura Naval Argentina sobre cada uno de los investigados y se elaboró una conclusión respecto de cada uno”. Y que “dichos estados patrimoniales deben ser ponderados en forma conjunta con los demás elementos obrantes en la causa y así podría concluirse que la consistencia patrimonial que algunos sujetos podrían presentar prima facie, resultaría desvirtuada por otras circunstancias como el recurso de intermediarios, sea porque se evita realizar la transferencia de los bienes adquiridos y/o ello se demora, sea porque se disfraza la realidad económica con presentaciones realizadas ante el organismo fiscalizador, etc”.
En otra parte de la requisitoria del procedimiento, Saccone avanza en que “de las pruebas rendidas se desprende que para canalizar fondos y adquirir bienes se recurrió a la intervención de interpósitas personas y que la utilización de intermediarios es considerada como indicador de lavado de activos, y cita innumerables conversaciones telefónicas en apoyo a su tesitura” como así también que “existen elementos que permiten determinar que los bienes provienen de un ilícito penal”.
También remarcó que “algunos de los investigados participaron activamente de maniobras delictivas que configuraron, por un lado los delitos precedentes a partir de los cuáles se obtuvieron ganancias, participando todos ellos del delito de lavado de activos por medio del cual se le otorgó apariencia de licitud a las mencionadas ganancias”.
Finalmente afirmó la fiscal que “los antecedentes criminales que registran algunos de los investigados valorados en forma conjunta y no parcializada, junto a los demás elementos (recabados en esta investigación), permiten afirmar que el dinero que fuera objeto de las operaciones identificadas no tuvo un origen lícito y que los sujetos investigados recurrieron a esas operaciones para dar apariencia de licitud a ese origen”.
Los vecinos de Álvarez y Villa Gobernador Gálvez, donde residen los dos principales investigados en el expediente abierto en 2018 y que dio origen a los 34 allanamientos realizados ayer, coincidieron en que se trata de personas de bajo perfil pero que “han tenido un crecimiento económico exponencialmente considerable en los últimos cinco o seis años”. Y aunque su interés era pasar desapercibidos, siempre sobre ellos se sostuvo una estela de dudas. “Somos gente de pueblo y cuando hay uno que de un día para el otro tiene un crecimiento económico tan grande lo primero que se hace es pensar mal. ¿Este de donde la sacó? Y en este caso parece que la duda era correcta”, coincidieron habitantes de las dos localidades distanciadas por unos 30 kilómetros.
La investigación de la fiscal Adriana Saccone sobre Norberto Carlos D. y Matías M. comenzó a mediados de 2018 y en la pesquisa trabajaron varias fuerzas nacionales, entre ellas la Policía Federal, Prefectura Naval y la PSA, que finalmente se quedó con la foto de los allanamientos que estuvieron demorados hasta que la Cámara Federal de Rosario les dio luz verde. De los 34 allanamientos, 30 se realizaron en el departamento Rosario y los cuatro restantes en la provincia de Salta.
Según pudo saberse pese al hermetismo de una causa con el sello que dice “secreto de sumario”, el primero en caer bajo la luz del reflector fue Juan D., padre de Norberto Carlos D., un hombre que en marzo de 2009 fue investigado por efectivos de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe. Uno de los domicilios allanados en aquella oportunidad fue en Levalle al 1400 de Villa Gobernador Gálvez donde se halló “una cocina de droga con 1,800 kilo de cocaína, una prensa, varias botellas de thinner, ácido clorídico y otros químicos para el estiramiento de la pasta base”, según explicaron los investigadores en aquella oportunidad.
Once años más tarde el mismo domicilio fue atacado a tiros en el marco de las balaceras que ya son moneda corriente en la ciudad y sus alrededores. La noche del lunes 12 de octubre del año pasado personas no identificadas pasaron en una moto y dispararon contra el frente de la casa. Tras ello dejaron una nota que, como si fuera una estampilla, tenía un proyectil calibre 7.62 (utilizados por los fusiles FAL). “Con un palo y medio comprale un cajón a tu papá. No se habla más”. Era la segunda vez en una semana que el frente de la vivienda era blanco de los proyectiles. Allí vive Juan D., que hoy tiene 82 años y está postrado en una silla de ruedas.
Los investigados
Con el correr del tiempo entró en el radar de los investigadores Norberto Carlos D., uno de los hijos del anciano, un empresario dedicado al transporte en camiones. Y acto seguido el que quedó bajo la lupa y pasó a ser monitoreado fue Matías M. Este hombre tiene una empresa de logística de camiones con sede en Álvarez y sucursales en Piñero, Quimilí (Santiago del Estero) y Las Lajitas (Salta), a unos 1.250 kilómetros de la base santafesina. En su página web la empresa MM indica que tiene “una experiencia de siete años”; que cuenta con “con una flota de 300 camiones conformada por carretones, bateas, tanques, cisternas, tolvas, semis y equipos de chasis y acoplados”. Además presta “servicios de grúa, alzamiento de vagones de tren, recolección de perdida de cereal, entre otros”.
Cuando la sede de la empresa, ubicada a metros de la casa del dueño, fue allanada, la conmoción de los vecinos fue medida. “Dijimos «ah, mira lo allanaron» y seguimos con lo nuestro. El hombre vive en el pueblo hará diez años y desde hace 5 o 6 años le vimos un crecimiento económico importante. Parece una tontería, pero se hizo hacer un piletón en color fucsia. Y este es un pueblo chico (infierno grande”, indicó una residente.
Matías M. reside en el centro de Álvarez, a cuatro cuadras de la plaza y a dos del límite de la comarca. “Es una persona contradictoria. Es de perfil muy bajo pero tiene movimientos ostentosos. Yo conozco al papá y los hijos del primer matrimonio, pero no recuerdo cuando este muchacho se vino a vivir al pueblo. Y acá nos conocemos todos. No comparte con los vecinos clubes o actividades sociales del pueblo. Pero andaba en unos cochazos bárbaros. Mi marido me dijo que tiene un Chevrolet Camaro. Te lo digo así porque yo de autos cero. Se nota mucho. Para mí muestran una vida «cachivachezca». Son personas que no se mezclan con los vecinos del pueblo, tienen sus círculos de pertenencia. Pero desde que comenzaron a tener un mejor pasar en el pueblo se desató una hoguera de comentarios que iban desde que era pirata del asfalto hasta ésto. Que se yo, siempre me pareció un tipo oscuro”, relató otra vecina. En Álvarez lo llaman por el apellido o por la sigla de nombre y apellido: “MM”.
De acuerdo a lo que trascendió de la investigación Norberto D. y Matías M. son socios y amigos. Ambos tendrían varias salidas del país por cruces fronterizos hacia Paraguay y Bolivia. Una de las líneas investigativas puso el ojo en que mediante contrabando de ropa esta organización podría blanquear dinero en negocios ubicados en la zona oeste de la ciudad (uno de ellos ubicado en inmediaciones de Presidente Perón al 5200) y otro en cercanías de San Luis y Presidente Roca, en pleno centro de la ciudad.
