La legislatura santafesina aprobó por amplia mayoría su remoción, a la vez que lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos en ese organismo
La Legislatura santafesina aprobó la remoción de su cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación a Marcelo Sain. También fue inhabilitado a ejercer cargos en ese organismo por 10 años.
Los senadores y diputados provinciales trataron este jueves en sesión conjunta el dictamen de la comisión bicameral de Acuerdos que promovía la destitución -e inhabilitación por diez años- del director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain, por protagonizar actividad proselitista incompatible con el cargo que ostentaba.
Hubo 50 votos a favor por la destitución del ex ministro de Seguridad de Santa Fe y 13 en rechazo a la medida.
En el recinto votaron a favor de la remoción del exministro, 12 senadores y 38 diputados. Por su parte, en contra de esta medida votaron 9 diputados y 4 senadores.
Se lo acusa a Sain de ejercer proselitismo desde el Poder Judicial, acción que tiene prohibida por haber sido un funcionario del poder judicial.
Antes de dar a conocer el dictamen, la comisión bicameral de Acuerdos había rechazado un escrito enviado a la Legislatura por Sain en el que recusó al instructor del proceso en su contra y planteó la violación del derecho de defensa, entre otros puntos.
Enrico había oficializado la acusación a Sain a principios de octubre pasado por contradecir la Constitución de Santa Fe respecto de actividades de proselitismo político y partidario de cara a las primarias realizadas el 12 de septiembre, entre otros pronunciamientos.
“Los votos están”, comentaron a La Capital en la previa del dictamen en los pasillos de la Legislatura sobre cómo iban a jugar el FAP, la UCR, JxC y parte del peronismo.
Una semana atrás, al hacer su descargo ante Acuerdos, Sain había alegado una “persecución política e institucional” en su contra y negó cualquier acto de proselitismo.
Incluso, tras aludir a un «final cantado» respecto de su suerte institucional, prometió encarar “las reservas jurídicas correspondientes de revisión (de la eventual medida en su contra) en instancias superiores de la Justicia provincial, nacional e internacional”.
