Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery aseguraron que participó de gestiones «a medida» para instalar máquinas de juego online para Leonardo Peiti
El ex diputado provincial (PJ) Darío Scataglini fue imputado formalmente este sábado de ser un eslabón que desde el sistema político contribuyó a que una organización dedicada al juego clandestino pudiera prosperar en este delito y sacar provecho económico. Lo acusaron de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le atribuyeron esta mañana haber realizado negociaciones para que la Lotería de la provincia de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular al capitalista de juego ilegal imputado Leonardo Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online, lo que se llama VLT (Virtual Lotery Terminal) en salas habilitadas por la Lotería.
Las negociaciones se realizaron mientras Scataglini era asesor parlamentario en la Cámara de Diputados con el fin de que, sostuvieron los fiscales, se beneficiaran tanto Peiti como el senador provincial (PJ) Armando Traferri.
Scataglini llegó a esta instancia tras ser detenido el pasado jueves en su domicilio de la ciudad de Santa Fe. La defensa de Scataglini, ejercida por Daniel Terani, solicitó que se suspendiera la audiencia, dado que su cliente no podía entender los motivos que habían fundamentado para privarlo de libertad. “Dio información falsa en la Fiscalía”, sostuvo Edery, en el marco de un caso en que desde posiciones institucionales se realizó una gestión a medida de una empresa para hacer negocios desde la capacidad de movilizar resortes del Estado provincial.
Una causa por el juego clandestino
“Nos topamos con Scataglini por una causa de homicidio con extorsiones. Uno de los extorsionados era Peiti. En el marco de la investigación vimos que en la dinámica de la extorsión Peiti empezó a tener otros vínculos con quienes lo extorsionaban. Y que en función de su manejo de juego clandestino a la gente que lo extorsionaba le ponía casas de juego”, sostuvo el fiscal Edery.
En ese marco, siguió el fiscal, se pidió la intervención de los teléfonos de Peiti. “Su secretaria recibió un mensaje de Scataglini y lo que nos llamó la atención es que lo hacía en nombre del senador Traferri. Nos pareció sugestivo que llamara un senador a una persona que tenía emprendimientos de juego clandestino. No teníamos muy en claro el rol de Scataglini. Por eso primero lo llamamos a Scataglini como testigo. Pero después vimos que su declaración no tenía consistencia con las evidencias de la causa. Por eso está sentado aquí en audiencia”, indicó Edery.
En julio de 2019 hubo una reunión en San Lorenzo donde participaron el abogado Peiti acompañado por su abogado José Fernández Chemes, Scataglini y el mismo Traferri a fin de gestionar que se instalaran las máquinas VLT a favor de Peiti, sostuvo Edery.
Según dijo el fiscal, cuando la secretaria le avisa a Peiti de la llamada en nombre del senador, el empresario de juego le replica que eso era una cosa muy buena. “En ese punto nos aparece en el escenario el senador Traferri. Cuando citamos al señor Scataglini no teníamos una confirmación de un montón de circunstancias fácticas en las que por ejemplo se habían celebrado reuniones. Luego adquirimos información a partir de la declaración del propio Scataglini como testigo”, dijo el fiscal.
Esa reunión, dijeron los acusadores, se hizo el 11 de marzo de 2020, en la oficina de Traferri en General López al 2600 en San Lorenzo. El propósito era que cada uno de los que estuvieron allí desplegaran acciones específicas para que el Ministerio de Economía de la provincia suscribiera un convenio para habilitar estas máquinas de la empresa de Peiti bajo el paraguas de Lotería.
Los fiscales dijeron haber corroborado que Scataglini, en su puesto en la función pública, tuvo intercambios telefónicos con el abogado Fernández Chemes para que el negocio se concrete, lo que se halló corroborado en el teléfono secuestrado al letrado. El 11 de marzo el impacto de antenas da que todos los señalados se reunieron en la oficina de Traferri.
Scattaglini y Fernández Chemes intercambiaron convenios de juego en otra provincia (La Rioja) para hacerlo en Santa Fe. “Estaba un asesor parlamentario hablando con un oferente sobre esta materia para favorecerlo”, sostuvo el fiscal Schiappa Pietra. Luego intercambiaron borradores de proyecto de decreto para “hacer que se celebre ese contrato”. A lo que Scataglini responde el 10 de abril de 2020 “estamos trabajando a full en el tema, cuando tenga info te llamo”.
Doce días después Fernández Chemes presentó por correo electrónico en la Loteria de Santa Fe una pedido como apoderado de la firma de Peiti para firmar un convenio como el que se acordó en la reunión del 11 de marzo de 2020. Una semana después Fernández Chemes avisó que se había presentado la solicitud. El senador Traferri, afirmaron los fiscales, estaba al tanto de todo, y había recomendado la gestión.
Frente a las dificultades para el otorgamiento de esa contratación en virtud de causas penales iniciadas contra Peiti que ya eran públicas, en fecha 4 de septiembre de 2020 se simula la transferencia de las cuotas sociales de Leonardo Peiti de las empresas Wildar Gaming SRL en favor de Jose Fernandez Chemes, en cumplimiento de la recomendación que según los fiscales hizo Traferri y con el objetivo de que eso facilitara el acuerdo del contrato.
“Esto no tiene que ver con la buena imagen de la administración. La intención era acercarse a un solo prestador de este servicio. Acá está el interés ilegítimo”, sostuvo Schiappa Pietra. “Lo que está sucediendo aquí es que el propio senador está involucrado directamente aquí. Y lo convoca a Scataglini porque es una persona que conoce esta temática. Y convoca también al abogado de Peiti. Esto es el famoso lobby empresarial. Lo que no podemos admitir es esto: es jugar para un sector para poder beneficiarlo. Este mensaje trasunta una manifestación de interés de consolidar una contratación claramente ilegal contra las leyes de ética pública y contra el contenido del Código Penal”, subrayó Schiappa Pietra.
Los beneficios del juego online ilegal
En el momento de su descargo al declarar como testigo meses atrás, Scataglini había admitido las reuniones con Peiti. Dijo que este le extendió una carpeta como apoderado de su empresa con un negocio importante que podía dejar mucho dinero a las arcas de la provincia. “Me dijo que a la provincia le podían quedar 1.200 millones de pesos mensuales con el juego online legal”, indicó.
Afirmó que nunca habló de realizar un borrador para un proyecto de ley ni que tampoco se lo pidieron a él. También dijo que el beneficio para Traferri, si prosperaba una iniciativa en ese sentido, no era otra cosa que generar a partir de una normativa un beneficio económico legal para la provincia de Santa Fe.
Los fiscales imputaron a Scataglini los delitos de negociaciones incompatibles de la función pública y tráfico de influencias ante la jueza Eleonora Verón. El abogado del senador Traferri, Oscar Romera, siguió la audiencia entre el público asistente.
