El jefe de Gobierno porteño señaló que planteó ante la Corte Suprema «la inconstitucionalidad» de la norma sancionada por el Congreso que estableció las condiciones para que se lleve a cabo ese traspaso.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó en una carta su decisión de no asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para comenzar a tratar del traspaso de la policía al distrito capitalino, al señalar que planteó ante la Corte Suprema «la inconstitucionalidad» de la norma sancionada por el Congreso que estableció las condiciones para que se lleve a cabo ese traspaso.
«Me dirijo a Ustedes en respuesta a la convocatoria recibida en el marco de la Ley 27.606 relativa al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma», señaló Rodríguez Laretta en una misiva a la que tuvo acceso Télam.
En un texto dirigido a los ministros de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, el mandatario porteño señaló que «desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos».
«Pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover. Además, la Ley viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional», explica la carta.
Para el jefe de Gobierno, «se trata de una Ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad».
«Para enmascarar esta intención, a través de un ilusorio convenio posterior se intenta legitimar esta Ley dentro de las exigencias de la Constitución Nacional, que establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como jurisdicción afectada. Pero esto es sólo una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía» del distrito porteño.
En ese sentido, Rodríguez Larreta insiste en que «la Ley parte de una premisa errónea que distorsiona cualquier cálculo posible, porque establece que se debe tomar como base de cálculo los componentes efectivos en el año 2016, cuando el convenio firmado ese año aclaraba que se trataba de un período de transición y que recién en 2017 se consolidaría la transferencia».
«Nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día en que fue publicada, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país», subraya.
Días atrás, el gobierno nacional convocó a Rodríguez Larreta a la Casa Rosada para acordar los recursos que necesita la policía metropolitana para funcionar durante el 2021, a través de una carta que llevaba las firmas de De Pedro y Guzmán, en la cual propusieron «definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes”.
