El gobierno del Reino Unido ratificó su política comercial sobre las Islas Malvinas y cuestionó las acciones legales y sanciones impulsadas por Argentina contra empresas que desarrollan actividades en el archipiélago.
La posición fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar, quien calificó los cargos contra compañías e individuos de “inaceptables” y “sin justificación legal”.
La declaración británica se conoció horas después de que trascendieran los detalles del proyecto de Ley de Soberanía Nacional enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso.
Reino Unido defendió a las empresas que operan en Malvinas
Kumaran reiteró la postura histórica de Londres sobre el archipiélago y sostuvo que las islas “son británicas”. También afirmó que sus habitantes tienen derecho a desarrollar los recursos naturales que consideren convenientes, en el marco de su interpretación del principio de autodeterminación.
La funcionaria señaló además que Argentina mantiene amenazas contra empresas e individuos que suministran bienes y servicios a las islas, tanto de manera directa como indirecta. Entre las actividades mencionadas se encuentra el sector de hidrocarburos.
Según el gobierno británico, las medidas adoptadas por Argentina no tendrían sustento jurídico fuera de su territorio. Londres también aseguró que brindará respaldo a subsidiarias y proveedores que puedan verse afectados en terceros países.
La disputa por el proyecto petrolero Sea Lion
La tensión entre ambos países aumentó en las últimas semanas a partir de las acciones contra compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas.
El 15 de septiembre, el Reino Unido difundió la guía “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, destinada a empresas que trabajan en el archipiélago o que le proporcionan bienes y servicios.
En ese documento, Londres sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas y considera que la legislación argentina no resulta aplicable allí ni sobre las compañías que desarrollan actividades en el territorio.
La guía también recomienda a las empresas que reciban comunicaciones de autoridades argentinas que recurran a asesoramiento legal independiente.
La respuesta de la Cancillería argentina
Argentina rechazó la postura británica y expresó su “más enérgico rechazo” al documento difundido por Londres.
La Cancillería convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregarles notas de protesta. Israel fue incluido debido a que Navitas Petroleum, una de las compañías vinculadas al proyecto Sea Lion, tiene origen en ese país.
El gobierno argentino sostuvo que las Islas Malvinas se encuentran “ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido” y cuestionó la promoción de actividades comerciales e hidrocarburíferas en el área.
Buenos Aires también afirmó que ninguna decisión comercial privada ni guía de un gobierno extranjero puede estar por encima de la legislación argentina y del derecho internacional, según su posición oficial.
El proyecto de Ley de Soberanía Nacional
En paralelo, el Poder Ejecutivo argentino presentó un proyecto para reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011.
La iniciativa amplía el alcance de las restricciones: ya no se limitarían a la explotación de hidrocarburos, sino que abarcarían cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, en zonas que Argentina considera bajo su soberanía.
El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para determinadas conductas, además de multas, inhabilitaciones y restricciones para operar en el país.
También propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional que estaría encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
Una nueva medida judicial sobre Sea Lion
La disputa tuvo además un capítulo judicial en Tierra del Fuego.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras relacionadas con Sea Lion.
La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto y alcanza actividades vinculadas con perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.
De esta manera, la controversia entre Argentina y el Reino Unido combina actualmente reclamos de soberanía, medidas judiciales, sanciones económicas y la disputa por la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas.
