Las transferencias nacionales no automáticas a provincias cayeron 83% real en mayo, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Santa Fe fue, después de Chubut, el distrito con mayor recorte: 99,5% en relación al mismo mes de 2023. En un año, el giro de fondos por fuera de la coparticipación pasó de $ 6.294 millones a $ 131 millones.
El instituto que conduce Nadin Argañaraz señaló que el mes pasado todas las provincias recibieron $ 71.331 millones (crédito pagado), lo que implica una caída interanual nominal de 36,3% y una caída real de 83,3%. Si se considera el gasto devengado se observó una caída nominal del 50,6% y una caída real del 87%. Entre Ríos fue la única jurisdicción que recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en mayo, por $ 2.500 millones.
Si bien se conocen en la jerga como transferencias no discrecionales, en rigor buena parte de las mismas están reguladas por acuerdos federales y leyes sancionadas por el Congreso nacional. En este lote entra, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y los fondos para cubrir parte del déficit de las Cajas de Jubilaciones provinciales no transferidas.
En 2023, el 18% del total de transferencias correspondió al Fonid, el 13,2% al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la PBA, creado por decreto del PEN para compensar puntos de coparticipación perdidos históricamente por esta provincia, el 12,4% en calidad de Asistencia
Financiera, el 10,4% son fondos para Relaciones y Desarrollo Regional, y el 9,3% a recursos enviados para los sistemas previsionales provinciales. Con una participación menor, también se realizan transferencias para salud, políticas socioeducativas, obras viales, envíos de fondos a Caba para financiar la policía metropolitana), políticas alimentarias y obras de saneamiento.
Todas las jurisdicciones tuvieron una caída interanual real en el gasto pagado. Las menores caídas se observaron en Caba (-35,5%), Salta (-36,3%) y Jujuy (-53,3%). Respecto al gasto devengado real las de mejor desempeño fueron Salta (-34,9%), Jujuy (-56,4%) y Mendoza (-64,4%).
En el parcial del año, todas las jurisdicciones tuvieron una caída interanual real en el gasto pagado. Las menores caídas se observaron en Caba (-17,3%), Santa Cruz (-62,5%), y Jujuy (-73,0%). Respecto al gasto devengado real las de mejor desempeño fueron Caba (-39,1%), Santa Cruz (-46,4%) y Jujuy (70,5%).
En cinco meses de 2024, Santa Fe vio caer los giros no automáticos desde el Estado federal en un 91,4% interanual.
“En mayo volvió a verse el mismo fenómeno que en el mes de abril: las transferencias pagadas fueron superiores a las devengadas. La relación pagado/devengado fue del 119,5% y genera una reducción de la deuda del Estado nacional con el conjunto de jurisdicciones subnacionales en $11.631 millones, aunque acumula aún $120.524 millones adeudado por compromisos devengados y no cancelados”, advierte Politikon Chaco.
El informe de la consultora que dirige el economista Alejando Pegoraro precisa que “el 69,5 % de las transferencias no automáticas pagadas correspondieron a actividades del Ministerio de Salud”. De acuerdo con el trabajo, el dinero que le envió la Nación a las provincias se concentra en gastos para asistencia a Hospitales, tal como ya se observó en febrero, marzo y abril.
Reclamo de Buenos Aires
La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir en la demanda que impulsó el gobierno de la provincia de Buenos Aires contra el Estado nacional para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que permitió que la administración de Javier Milei dejara de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.
La procuradora Laura Monti respondió a una consulta que le hizo la Corte para que dictaminase sobre la competencia para intervenir en el asunto.
En abril pasado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reclamó la intervención del máximo tribunal. “Estamos aquí para defender los intereses de la provincia: ayer firmé una denuncia contra el presidente Milei ante la Corte Suprema para que nos devuelva los fondos de los jubilados, de los maestros y del transporte”, había anunciado en medio de un acto político.
El presupuesto de 2023 estableció un crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas y, a su vez, dispuso una metodología para que la Ansés abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-, se señaló. También se aclaró que la Ansés sería la encargada de determinar los importes totales a transferir a cada provincia.
Sin embargo, el gobierno de Milei lo interrumpió mediante un DNU, por lo que Kicillof reclamó ante la Corte. Para dar inicio a la demanda, lo primero que hizo el tribunal fue consultar a la Procuración sobre la competencia.
