Este miércoles la Justicia Federal allanó Terminal Puerto Rosario (TPR) y detuvo a dos transportistas y un empleado por el despacho entre junio y julio de 1.400 kilos de cocaína escondidos en bolsas de maní con destino final –previas escalas– Zárate y Santos (Brasil). El 26 de agosto, las autoridades federales encontraron en un depósito de zona sur 1.600 kilos de cocaína escondidos en bolsas con pellets de maíz que iban a cargarse en el puerto de Rosario con destino a Dubai.
La cantidad de droga involucrada en las maniobras detectadas marca la extrema gravedad institucional de lo que está ocurriendo en los muelles de Rosario y activan un debate de trascendencia política que involucra a empresas, sindicatos, organos de control, autoridades de seguridad y hasta al gobierno provincial porque, en definitiva, se trata de un puerto público.
La responsabilidad de auditar las cargas que salen por el puerto es de Aduana (Afip), mientras que el control de los movimientos en los muelles es de Prefectura. Ambos organismos, entonces, están en la mira.
Pero también hay una cuota de responsabilidad de la empresa privada que opera los muelles, TPR. Un punto fuerte de la compañía –propiedad de la chilena Ultramar y la santafesina Vicentin– es que compró un escáner de última generación para el control de las carga que entra por contenedores, inversión millonaria en equipos financiada por la firma.
Y un punto débil es el esquema de control que permitió la «contaminación» del contenedor que tenía una carga real (como era el maní que llevó de Córdoba) en las propias instalaciones del puerto.
En efecto, según las investigaciones de la Justicia Federal entre el momento que llegó la carga, cuyo ingreso fue pasado por el escáner y el momento que se la embarcó, pasaron varios días y fue en ese lapso de tiempo que –aprovechando un punto ciego de TPR en el que las cámaras no registran– se colocó la cocaína.
Por esos movimientos hay cuatro detenidos (tres son empleados del puerto y otro es un contratista), quienes fueron vistos moviendo el contenedor desde la playa en la que estaba hasta el punto ciego y luego vuelto a colocar.
A todo esto se suma otra cosa: según las investigaciones de la Justicia, los circuitos de monitoreo tampoco estaban funcionado de manera correcta. Ahora, se debe dilucidar si se trató de «empleados infieles» que forman parte de una organización narco o si la penetración escala más directo en toda la estructura empresaria y sindical.
En ese contexto, Rosario3 pudo confirmar que la Aduana intimó el pasado mes julio a TPR para que readecuara su logística de carga y circuito de control de contenedores para que estos sean escaneados de manera previa e inmediata a la puesta a bordo.
Es que en la Aduana estaban, precisamente, preocupados por el avance en los últimos años de operaciones de «gancho ciego» donde se busca meter droga a los contenedores que ya habían el control aduanero que consta del escaneo que el puerto efectúa cuando la mercadería ingreso a la terminal.
En ese marco de las acciones de control sobre TPR, en agosto, la Aduana tomo la decisión de suspenderle las operaciones de manera preventiva y hasta tanto la terminal corrigiera las observaciones que le hiciera el organismo.
Según información de Aduana a este medio, una vez cumplidas y subsanadas las observaciones se autorizó al puerto a seguir operando. Ahora, la Aduana asegura que TPR se encuentra cumpliendo en su readecuación logística y escanea todos los contenedores cuyos destinos son de riesgo de manera previa e inmediata a la puesta a bordo para evitar que los movimientos se vean afectados.
No obstante, el organismo aduanero sigue poniendo la lupa en la operativa de la Terminal y refuerza los controles que le son propios.
Pero más allá de las exigencias de la Aduana y la responsabilidad de TPR, se trata de un puerto público y por eso el tema tiene un impacto político. Es que la droga sale por un puerto que es de la Provincia.
En efecto, a principios de los 90 el Estado nacional le transfirió el puerto de Rosario a la Provincia. Y el gobierno de Santa Fe armó un ente público-rivado pero conducido por la Casa Gris en el que delegó la administración del puerto, llamado Enapro.
Este Ente fue el que llevó a cabo la concesión para la operatoria de los muelles I y II a TPR quedándose con la tarea de controlar el cumplimiento de los términos de la concesión. Quedan así expuestas las distintas instancias de responsabilidades públicas –Enapro, ministerio de Infraestructura, Ejecutivo provincial– de lo que está ocurriendo en los muelles que la provincia tiene en Rosario.
Y no es un dato menor que las autoridades que ingresaron en la actual administración del Enapro con el gobierno de Omar Perotti vienen denunciando desde el momento mismo que asumieron que encontraron un organismo que había perdido toda capacidad de control de la concesión durante los distintos gobiernos provinciales del frente socalista y radical.
Fuente: Rosario 3
