Impulsado por el el ex juez Raúl Zaffaroni y la diputada nacional Fernanda Vallejos, un numeroso grupo de personalidades públicas sugieren cómo afrontar los pagos ante los organismos internacionales
Un numeroso grupo de políticos, sindicalistas, empresarios, actores y periodistas identificados con el kirchnerismo más duro difundió la “Proclama del 25 de mayo”, que pretende presionar al presidente Alberto Fernández en la negociación que encabeza para la reestructuración de la deuda externa argentina.
Es también un fuerte condicionante para el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien está avanzando en las conversaciones con el FMI con el objetivo de poder afrontar los próximos pagos.
El documento fue impulsado por el ex juez Raúl Zaffaroni y por la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos, muy cercanos a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Aparecen, además, sindicalistas como Pablo Moyano (Secretario General Adjunto del gremio de Camioneros), Héctor Daer (Secretario general de la CGT), Hugo Yasky (Secretario general de la CTA) y Pablo Micheli (dirigente de la CTA de los Argentinos).
También suscriben gobernadores como Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ) y Gildo Insfran (Formosa), ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, entre ellos Felisa Miceli (ex-ministra de Economía), Amado Boudou (ex vicepresidente), Rafael Bielsa (ex-Mtro. Relaciones Exteriores), José “Pepe” Sbatella (ex-Pte. Unidad de Información Financiera, UIF), Roberto Feletti (ex viceministro de Economía) y Alicia Castro (ex Embajadora en Venezuela y Reino Unido), el senador Sergio Leavy y los diputados nacionales, Lucía Corpacci, Itaí Hagman, Juan Carlos Alderete, Héctor “Gallego” Fernández, Carolina Moisés, Liliana Schwindt, Marcelo Koening y Verónica Caliva.
También aparecen en esa extensa lista Guillermo Moretti (vicepresidente de la Unión Industrial Argentina), Víctor Hugo Morales (periodista), María Teresa García (ministra de Gobierno, Provincia de Buenos Aires), Miguel Ángel Estrella (pianista), Rita Cortese (actriz), Liliana Herrero (cantante), Mario Secco (intendente de Ensenada), Sonia Alesso (Secretaria General de CTERA), Roberto Baradel (Secretario General de SUTEBA), Atilio Borón (sociólogo), Ricardo Forster (filósofo), Hugo “Cachorro” Godoy (Secretario General de ATE), Juan Ramos Padilla (juez), Eduardo Barcesat (constitucionalista), Mario Kestelboim (ex Decano Facultad de Derecho UBA), Marcelo Figueras (escritor), Mempo Giardinelli (escritor y periodista), Mónica Peralta Ramos (socióloga), Angélica Graciano (Secretario General de UTE), Roberto “Beto” Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP /Metrodelegados), Ricardo Peidró (CTA Autónoma), Adriana Aredez (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora), José Schulman (presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos), Víctor Carricarte (secretario de la Asociación de Empleados de Farmacia), Víctor de Gennaro (dirigente gremial y social), Eduardo De la Serna (sacerdote de la Opción Popular por los Pobres), Francisco “Paco” Oliveira (sacerdote de la Opción Popular por los Pobres), Milagro Sala (dirigente social), Jorge Elbaum (Llamamiento Argentino-Judío), Juliana Di Tullio (Directora BAPRO), Sandra Russo (periodista), Ricardo Rouvier (sociólogo), Pedro Biscay (ex-Director – BCRA), Claudio Lozano (economista, Director BNA), Sandra Russo (periodista) y Gabriel Mariotto (ex vicegobernador PBA), entre otros.
Los firmantes le exigen al jefe de Estado “investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina”.
Y “exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país”.
También proponen “reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país”.
En otros párrafos afirman que se debería “impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria”.
La proclama completa:
Una medida como la anunciada por el Gobierno nacional con absoluta desprolijidad, desalienta la inversión e impacta sensiblemente en la capacidad para generar confianza en el mundo
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