El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó decomisar más de 3 millones de dólares que el empresario Lázaro Báez tenía en una cuenta en Bahamas, sumado a un millón de dólares que estaban depositados en un banco de Suiza.
La Justicia dispuso además llevar a cabo el remate de 56 propiedades que tenía tanto Báez como su hijo Martín, también condenado en la causa por “la ruta del dinero K». Entre ellas hay departamentos, lotes, casas y cocheras, distribuidas en distintos partes del mundo, además de una decena de quintas que tiene en Argentina.
Esta decisión se dio en paralelo al embargo que ya le ordenó el tribunal que lo condenó, por una suma de 320 millones de pesos, una sanción económica que representa seis veces el dinero que habría recaudado mediante el lavado.
Según el fallo, el juez Néstor Guillermo Costabel repatrió un total de 2.981.646 de dólares del Banco CBH de Bahamas, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited; y 1.009.391 de dólares que se encontraban en el mismo banco, pero con otro número de cuenta.
El magistrado también pidió la transferencia inmediata por decomiso de lo depositado en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza, por un monto de U$S907.202, más las ganancias por intereses.
Además, dispuso inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia unas 56 propiedades de Báez y su hijo Martín Báez, la adjudicación de $2.570.077 por la subasta del avión Rockwell Commander, y $1.757.906 de la venta del avión Learjet matrícula LV-BPL.
La defensa advierte un “serio error” en el fallo
Según pudo saber TN, la defensa de Lázaro Báez presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°4, en el que advirtieron un “serio error” en la resolución. “Se confundieron multa con decomiso. Además, se ordenó avanzar sobre bienes que no están a nombre del empresario”, señalaron.
“Venimos por medio del presente a advertir serios errores e incongruencias“, expresaron en el escrito, en el que además señalaron que los jueces se confundieron también la fecha de la emisión del fallo. ”El proveído fue fechado el 25 de agosto», advirtieron en el escrito.
“Las cosas a decomisar tienen que haber formado parte del patrimonio del condenado antes o de manera concomitante al hecho, si fueron utilizadas para cometer el delito. O haber ingresado al patrimonio del condenado de manera concomitante o posterior, cuando fueron producto o provecho del delito”, detallaron.
La defensa adelantó que la resolución será recurrida “en tiempo y forma ante el superior”, ya que sostienen que “el tribunal ordenó de forma directa una transmisión de bienes inmuebles, en favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a todas luces, resulta ilegítima y podría aparejar serias consecuencias patrimoniales».
“Por los motivos expuestos y la gravedad institucional de los hechos reseñados, solicitamos a este excelentísimo tribunal que deje sin efecto de manera urgente la resolución referida, por los errores señalados. Subsidiariamente, en virtud del recurso de Casación que será presentado, solicitamos se suspendan los efectos de la resolución en crisis hasta tanto adquiera firmeza”, cerraron.
El caso de “la ruta del dinero K”
La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.
El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.
Tres años después, la causa se reactivó con la difusión de un video en la financiera SGI, de Elaskar, conocida como “La Rosadita”, en donde se veía al hijo de Lázaro Báez contando billetes.
El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugara. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, cuando huyó hacia Paraguay.
La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de US$ 54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado por calle Av. Del Libertador) por Leonardo Fariña.
También el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena, tras rechazar un planteo de las defensas.
Fuente: TN
