Unos 2500 millones de pesos en obras públicas fueron enviados a Lázaro Báez sin conocimiento del Congreso al aprobar la ley de presupuesto entre 2004 y 2015, denunció hoy el fiscal Diego Luciani, que responsabilizó a Cristina Kirchner, al exministro Julio de Vido y al resto de los acusados en el juicio de ocultar esos montos y discrecionalmente enviar fondos al empresario santacruceño mediante decretos de necesidad y urgencia y resoluciones administrativas.
Luciani enfatizó que “fueron la presidente Cristina Kirchner, Julio de Vido, José López y el adiestrador de Vialidad” Nelson Periotti los que dotaron de eso fondos a las obras de Báez y concluyó que al Congreso se le indicó que se iba a gastar en 34 obras 3600 millones de pesos. Sin embargo, en los hechos esas mismas obras le fueron adjudicadas a Báez por 5000 millones de pesos, pero se le terminó ejecutando $6500 millones.
De las 51 obras públicas analizadas en el juico de Vialidad Nacional, hubo 17 que jamás fueron incorporadas en las previsiones presupuestarias y de esas 17, 11 obras fueron abandonadas por el contratista. Es decir que el 65 por ciento fueron abandonadas. Las seis obras restantes fueron terminadas, y tres de ellas eran remediaciones de canteras “la caja clandestina de Lázaro Báez”.
“Ha habido más de 2500 millones de pesos que llegaron a manos de Báez sin control del Congreso, como fue posible semejante aberración”, se indignó el funcionario, tras responder también en tono airado a las recusaciones que intentó Cristina Kirchner para sacarlo del juicio.
Luciani explicó en la sexta jornada de su alegato que es falaz decir que el Congreso controlaba la obra pública y describió mecanismos alternativos de financiamiento de las obras.
Por ejemplo, habló de un decreto de 2009 de Cristina Kirchner que creaba un fideicomiso para financiar obras, que fue objetado por las áreas jurídicas del Ministerio de Planificación el de Economía porque no estaban descriptas las obras a financiar. Era José López quien debía definir dónde iba ser gastado ese dinero. “Después de ese decreto nunca fueron especificadas las obras”, dijo Luciani, que recordó que la Auditoria General de la Nación hizo un crítico informe de ese fideicomiso.
El fiscal describió que, a falta de un presupuesto real de cada obra, se echó mano de dos recursos administrativos para conseguir fondos: la obra licitada sin partida presupuestaria no fue financiada a espaldas del Congreso mediante compensaciones de créditos entre proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad y transferencias a las provincias. “Los únicos que sabían las obras concretas a las que eran enviadas las transferencias eran los integrantes de la asociación ilícita que eran los único que sabían adónde iba esa plata”, dijo el fiscal. Y remató: “Entre 2007 y 2015 las obras de Lázaro Báez fueron receptores del 35 % del total de las transferencias discrecionales a las provincias”.
Además, el fiscal habló de otro mecanismo usado para el financiamiento de las obras: “La inclusión de las obras dentro de partidas globales de presupuesto que carecen de una desagregación detalladas torna inviable que los legisladores que votan la ley de presupuesto sepan en que se va a gastar ese dinero”. Aparecen indicadas sin mayor detalle como “obras menores de seguridad” que esconden contratos millonarios indetectables para los legisladores.
“Queda claro que lo integrantes de la asociación ilícita usaron partidas globales y fuentes de financiamiento discrecionales “, dijo el fiscal que habló de “bolsones de fondos públicos” cuya administración no indicaba al Congreso el destino de esos fondos. “El oscurantismo llevado al extremo”, se quejó.
Fuente: La Nación
