Las oficinas de la consultora KPMG, que auditaba los balances de Vicentin en la previa a su default, fueron allanadas este martes en el marco de un operativo coordinado por el fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno, que investiga el posible delito de estafa por parte de la agroexportadora.
El funcionario pidió la medida en la previa a una nueva ronda de imputaciones, que según precisaron a La Capital tendrá lugar en breve
: «La participación de KPMG en la estafa de Vicentin la tenemos probada, pero necesitábamos realizar esta acción para profundizar sobre cualquier punto que surgiera», indicaron desde Fiscalía.
KPMG -una de las big four del mercado internacional- era la firma responsable de otorgar un sello de confianza a los balances de Vicentin. Sin su consentimiento, muchos de los actuales acreedores del concurso preventivo no estarían hoy en ese lugar.
En un escrito presentado oportunamente en la convocatoria a través de uno de sus socios, KPMG buscó despegarse de la crisis, planteando que «por no poder suministrarnos la información» relativa al balance 2019 (el último antes del default), su relación con la agroexportadora había concluido. La Fiscalía a cargo de Moreno buscará refutar precisamente estos argumentos, en una audiencia a celebrarse, probablemente, en la segunda quincena de noviembre.
El allanamiento realizado este martes comenzó a primera hora del día y tuvo lugar tanto en Buenos Aires como en Rosario. Participaron el propio Moreno, tres personas de su oficina y personal de la Agencia de Investigación Criminal, con la colaboración de la Policía Federal. Del mismo se secuestró material de interés para la causa, entre ellos papeles de trabajo de los balances de Vicentin, material informático y dispositivos electrónicos de algunos empleados.
Asimismo, también se procedió a requisar el domicilio particular de Eduardo Harnan, socio de KPMG y responsable del área de agronegocios, según se informó. Esta persona aparece en la presentación realizada tres meses atrás por un particular oriundo de Reconquista, que pidió investigar la posible comisión del delito de asociación ilícita en el marco del default de la agroexportadora.
Para Moreno, existe una contribución probada de la consultora, para consolidar el ardid mediante el cual se lograron los delitos, a través de la certificación de balances falsos. Vale recordar que la auditoría forense -autorizada por el juez Fabián Lorenzini- señaló que en los estados contables de 2017 y 2018 (auditados por KPMG) se registraron pasivos sin contabilizar por más de 858 millones de dólares.
Parte del material secuestrado hoy será parte de una nueva audiencia imputativa, que alcanzará a nuevas personas, que hasta aquí no pasaron por el banquillo de los acusados. También aflorarán nuevos hechos, relacionados con las mismas personas ya imputadas. La intención de la Fiscalía es proceder a la acusación completa de la causa madre -en la que se investigan estafas por más de 600 millones de dólares- antes de fin de año.
Como dato adicional, hubo sorpresa entre los funcionarios judiciales que participaron del allanamiento en Rosario, porque la oficina de KPMG en Puerto Norte lucía «desmantelada». La empresa intentó justificar la situación por la mecánica híbrida de trabajo, pero ni el propio responsable de la oficina conocía el nombre de los empleados. «Hubo poca colaboración», se comentó.
Fuente: Diario Uno
