Reactivación industrial y primeros pagos tras el cambio de control
A tres meses de haber asumido la conducción de la cerealera Vicentin, el grupo liderado por el empresario Mariano Grassi sostiene que logró estabilizar la compañía, reactivar su estructura industrial y comenzar a cumplir con el esquema de pagos a acreedores.
- Reactivación industrial y primeros pagos tras el cambio de control
- La decisión judicial que permitió el cambio de conducción
- Plantas activas y acuerdos con grandes empresas del sector
- El rol de Renova y la capacidad de procesamiento
- Plan de pago a acreedores y esquema con productores
- Inversión inicial y reorganización interna
- Situación judicial y expectativas del nuevo directorio
Según explicó el propio Grassi en declaraciones periodísticas, la firma desembolsó cerca de US$30 millones entre pagos iniciales vinculados al proceso judicial y cancelación de deudas operativas acumuladas. Además, afirmó que alrededor de 1000 acreedores ya recibieron algún tipo de pago dentro del nuevo plan de recuperación.
La empresa busca ahora canalizar hasta cinco millones de toneladas de granos por año como parte de su estrategia para normalizar operaciones tras más de seis años de crisis, iniciada con el default de 2019.
La decisión judicial que permitió el cambio de conducción
El proceso de reestructuración se consolidó el 18 de diciembre, cuando el juez Fabián Lorenzini homologó el acuerdo de cramdown, mecanismo que permitió a un tercero presentar una propuesta para hacerse cargo de la compañía.
A través de ese proceso, el grupo Grassi obtuvo el control de Vicentin y desplazó a los antiguos accionistas vinculados a la familia fundadora. Días después, el 26 de diciembre, se concretó el traspaso accionario y se conformó un nuevo directorio.
Desde entonces, la prioridad fue ordenar la actividad productiva y recuperar la capacidad operativa de las plantas industriales.
Plantas activas y acuerdos con grandes empresas del sector
De acuerdo con Grassi, actualmente todas las plantas de Vicentin se encuentran en funcionamiento, aunque algunas operaban con niveles de actividad irregulares y requerían mantenimiento.
En la planta de Ricardone, en el sur de Santa Fe, la empresa procesa girasol con una molienda que ronda entre 80.000 y 90.000 toneladas mensuales, impulsada por la actual campaña.
En San Lorenzo, donde la compañía posee dos líneas de molienda de soja con capacidad de 10.000 y 6.000 toneladas diarias, la actividad comenzó a escalar progresivamente.
Para sostener el nivel de operaciones, Vicentin trabaja mediante acuerdos comerciales con grandes compañías del sector agroindustrial, entre ellas Bunge y Cargill. Bajo ese esquema, las multinacionales aportan la parte comercial y la empresa argentina contribuye con su capacidad industrial.
El rol de Renova y la capacidad de procesamiento
Uno de los activos más relevantes del grupo es Renova, la planta ubicada en Timbúes que Vicentin comparte con la multinacional Viterra, actualmente controlada por Bunge.
Con una capacidad cercana a 35.000 toneladas de molienda diaria, la instalación es considerada una de las más grandes del mundo. Según Grassi, la capacidad de Vicentin dentro de esa planta se reparte entre operaciones propias y acuerdos comerciales con socios del sector.
Plan de pago a acreedores y esquema con productores
El universo total de acreedores de Vicentin ronda los 1700, según datos del proceso concursal.
En esta primera etapa, cerca de 1000 ya habrían recibido pagos parciales, algunos en efectivo. El esquema contempla además un mecanismo específico para productores y acopiadores que entreguen granos.
De acuerdo con el plan, por cada tonelada de soja entregada los acreedores reciben el precio de mercado más un adicional de 10 dólares, una modalidad pensada para impulsar la entrega de granos y acelerar la recuperación de parte de las deudas.
La empresa espera que el inicio de la cosecha permita incrementar el volumen de operaciones y ampliar el alcance de los pagos.
Inversión inicial y reorganización interna
Grassi detalló que del total desembolsado en estos primeros meses unos US$20 millones corresponden a compromisos derivados del proceso de cramdown, mientras que entre US$12 y 15 millones se destinaron a cancelar deudas operativas.
Parte de esos recursos también se utiliza para trabajos de mantenimiento y mejoras en las plantas, que todavía no operan a su máximo potencial.
Además, la empresa comenzó una reorganización interna de su estructura, con la incorporación de personal en áreas clave como trading y ejecución comercial.
Según el empresario, no se registraron despidos desde el cambio de gestión y, por el contrario, se está ampliando la plantilla para acompañar el crecimiento de la actividad.
Situación judicial y expectativas del nuevo directorio
Aunque el proceso judicial aún mantiene instancias abiertas, Grassi consideró poco probable una reversión del esquema actual.
El empresario señaló que la compañía hoy cuenta con más empleados, todas sus unidades productivas activas y planes para reactivar otras áreas, como un feedlot con capacidad para 30.000 cabezas.
En ese contexto, sostuvo que modificar el control de la empresa en esta etapa podría generar un escenario crítico para la continuidad operativa.
